La Justicia aceptó en junio pasado la solicitud de la llamada “recuperación judicial” de Odebrecht y le dio un plazo de 60 días para presentar un plan a los acreedores, algunos de los cuales, como Caixa Económica, lo han rechazado de manera tajante.
La entidad financiera también pidió al juez encargado del caso “la destitución de los actuales administradores” y la convocatoria de una asamblea general de acreedores para elegir a “nuevos gestores”.
“Durante los 60 días de plazo que les concedió la ley” las empresas del grupo Odebrecht que se acogieron a la ley de quiebras “fueron incapaces de evolucionar mínimamente en las negociaciones con sus acreedores, hasta para proponer una forma de pago básica”, según consta en el recurso de la Caixa Económica al que tuvo acceso Efe.
La deuda del conglomerado brasileño se calcula que roza los cerca de 100.000 millones de reales (unos 24.500 millones de dólares al cambio actual).
“Y todavía más grave, el citado ‘plan’, además de no tener lo que un plan de recuperación real debería tener, está lleno de ilegalidades, con autorizaciones genéricas, previsión de supresión de garantías y tratamiento diferenciado de acreedores”, recoge el documento.
En su defensa, Odebrecht comentó en un comunicado que “es natural en cualquier proceso de recuperación judicial que los acreedores levanten cuestiones en las diversas fases del proceso”.
“Se trata de una mera formalidad, o estrategia jurídica sin consecuencias inmediatas sobre el desarrollo normal” del concurso de acreedores, uno de los mayores de la historia de Brasil y que “está apenas en la fase inicial”.
“Odebrecht está en proceso de negociación constructiva con sus principales acreedores y confía en que su plan de recuperación será aprobado para la preservación de sus más de 40.000 empleos”, indicó.
Por su parte, Caixa Económica Federal dijo en un comunicado que “no comenta procesos pendientes de decisión judicial”.
El plan presentado por Odebrecht fue anteriormente puesto en tela de juicio por otro de sus mayores acreedores, el también estatal Banco do Brasil, que pidió a la empresa presentar uno nuevo.
El grupo afronta una grave crisis económica desde que las autoridades brasileñas destaparon hace cinco años una vasta trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras, que ha enviado a prisión a decenas de empresarios y políticos, y asimismo, ha servido para desvelar redes similares en otros países de Latinoamérica.
Esos escándalos han colocado al grupo al borde de la bancarrota con una deuda millonaria.
El grupo reconoció la corrupción en el seno de sus empresas, firmó acuerdos con autoridades de diversos países y se comprometió a pagar millonarias multas a cambio de seguir operando, pero el cerco judicial desestabilizó las cuentas del imperio.
