Saliendo de un largo período de sequía, nuestro país se suma a evocar este Día Internacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía mientras intenta recuperar lo perdido y declara el estado de emergencia o desastre agropecuario en las provincias más afectadas.
En nuestro país, la palabra “sequía” adquirió protagonismo en los últimos años al padecer la peor sequía en setenta años, con consecuencias directas para nuestros recursos ambientales, agropecuarios y, por tanto, para nuestra economía.
La sequía viene afectando a gran parte de la Argentina y países vecinos desde 2019. En los últimos cuatro meses de 2022, hubo solo el 44 % de la precipitación media, lo que se tradujo en el menor valor en 35 años, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Un factor importante para el déficit de lluvias es el fenómeno meteorológico La Niña, que estuvo presente por tercer año consecutivo. También influyeron las olas de calor que impactan en distintas zonas de Sudamérica con cada vez más su frecuencia, intensidad y duración debido al cambio climático. Y, por supuesto, no ayuda el uso irresponsable del suelo sin medidas de conservación y con un empleo abusivo de agroquímicos.
Naturalmente, estos cambios en el clima tienen su correlato económico en un momento donde nuestro país necesita más que nunca el ingreso de divisas. Según un informe de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la molienda de soja se encuentra en el nivel más bajo de las últimas dos décadas. Las pérdidas ya llegan a los 18.000 millones de dólares, según cifras oficiales.
Ahora, si bien parece haber terminado este ciclo de sequía, es de esperar que la recuperación no sea un camino fácil. Hay zonas, como el norte de Santa Fe, que aún después de algunas lluvias siguen muy afectadas dado que las represas permanecen secas y se teme que las heladas invernales puedan liquidar los escasos brotes de forraje natural.
En tanto, el Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario a las explotaciones cañeras de la provincia de Jujuy y las explotaciones citrícolas y cañeras de la provincia de Salta, todas ellas afectadas por la sequía. Algunos gobiernos provinciales también decidieron acompañar a los productores damnificados, como el caso de La Pampa, que ejecutó fondos por más de 130 millones de pesos y declaró la emergencia agropecuaria en 11.515.200 hectáreas de la provincia.
