La comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado comenzó a analizar tres proyectos que proponen la prórroga del régimen de promoción de los biocombustibles, ante lo cual las petroleras pidieron a los legisladores ser parte del debate.
La comisión tiene previsto abordar los proyectos de Ley de Biocombustibles presentados por los senadores de Tucumán Silvia Elías de Pérez, de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, y de Salta Sergio Leavy, para prorrogar el régimen que vence en mayo de 2021.
[su_note note_color=”#e3e3e3″]El sector de biocombustibles viene reclamando al Gobierno nacional la prórroga de la norma que durante 15 años permitió el desarrollo de esa industria a partir de un conjunto de beneficios impositivos, la regulación de precios del Estado y el corte obligatorio de naftas y gasoil.[/su_note]
Este jueves a la mañana, ante la inminencia del debate, las principales empresas petroleras plantearon ser parte de la discusión de los tres proyectos que proponen esa prórroga hasta el 2024, o incluso por otros 15 años más de la Ley 26.093 sancionada en 2007, en tiempos de precios altos del crudo internacional.
El planteo de las empresas productoras de combustibles
El mismo se concretó a través de dos cartas enviadas este jueves por la Cámara de Industrias del Petróleo (CIP) y la Cámara Argentina de la Energía (CADE) al presidente de la Comisión de energía del Senado, José Rubén Uñac.
En ambos escritos, las cámaras solicitaron de manera coincidente “se convoque a exponer los puntos de vista en la comisión antes del dictamen de dichos proyectos, dado los mismos tienen suma importancia para el usuario de combustibles y para el sector“.
Asimismo, se destaca que “las consecuencias de la regulación en materia de biocombustibles impactarán indudablemente en otros segmentos de la industria entre los cuales se cuenta el desarrollo de la producción de petróleo en proyectos clave para el país, como lo es Vaca Muerta“.
También advierten el impacto que podría generar una prórroga sin cambios del régimen en “otras cuencas productoras y en las regalías percibidas por las provincias productoras y las arcas fiscales, por las desgravaciones incluidas en la ley actual”.
Las compañías petroleras también hicieron llegar hace pocas semanas al ministro de Economía, Martín Guzmán, su consideración respecto de que el régimen “genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y precio garantizado”, lo que entiende “el precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible”.
En ese trabajo, indicaron que en 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6.000 MUSD (por menor recaudación de impuestos), y una pérdida de divisas de 1.400 MUSD por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno.
