El Ejecutivo avanza con la idea de eliminar los pagos que deben hacer las empresas del sector de comercio, socias o no de CAC y de CAME, para financiar a las entidades, por un monto que asciende a los $4.000 millones por mes.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha decidido impulsar la eliminación de los aportes mensuales obligatorios que todas las empresas de comercio y servicios deben realizar a las cámaras empresariales que las representan. Esta medida, establecida en el marco de convenios colectivos del sector, plantea un desafío legal ya que no se trata de un costo impuesto por el Estado, sino que surge de los mismos mecanismos de diálogo que se dan entre las empresas y las entidades que las nuclean.
Actualmente, las empresas deben aportar alrededor de 4.000 pesos por trabajador, lo que equivale a un porcentaje del salario de cada empleado. Estos fondos, que suman 4.000 millones de pesos mensuales, son utilizados por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para financiar sus actividades, capacitaciones y la red de sucursales en todo el país. Sin embargo, según fuentes del sector, la recaudación real sería menor, alcanzando los 2.500 millones de pesos, debido al incumplimiento de muchas empresas.
El Gobierno busca que este aporte sea voluntario, alentando a las cámaras a financiarse únicamente con las cuotas de sus socios y el eventual aporte voluntario de las empresas. En este contexto, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) ha sido una de las primeras entidades en exigir la eliminación de estas contribuciones obligatorias, cuestionando la utilidad de fondos como los destinados al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
El Inacap, creado en 2008, se financia con una contribución obligatoria establecida en el Convenio Colectivo Mercantil 130/75, equivalente al 0,5 % del salario de cada trabajador registrado. En agosto, el salario básico inicial del sector fue de 792.241,35 pesos, lo que implica un aporte de 3.821,60 pesos por empleado, cifra que sube a 4.278,10 pesos en septiembre y octubre, según lo informado por Cadam.
Este tipo de contribuciones genera un fuerte malestar entre las pymes, que ven estos aportes como una carga innecesaria. Desde Cadam cuestionan la falta de rendición de cuentas sobre el destino de los más de 60.000 millones de pesos que se recaudarían anualmente. Además, exigen que se considere la posibilidad de eliminar otras contribuciones obligatorias que afectan a distintos sectores, como el aporte a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el 1 % que la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exige a las empresas, independientemente de si son socias de la entidad o no.
Negociaciones con las cámaras empresariales
El Gobierno mantiene negociaciones con la CAC y la CAME para lograr una transición gradual hacia la eliminación de estos aportes, evitando el desfinanciamiento de las entidades y complicaciones en sus sedes de todo el país. No obstante, persisten dudas sobre cómo implementar la medida, ya que los convenios colectivos se renovaron recientemente.
Una de las alternativas es esperar hasta la próxima renovación del convenio para eliminar el aporte, o bien presionar para realizar una adenda ahora. Desde el sector, también se ha planteado la necesidad de que los gremios dejen de recibir estos aportes obligatorios.
Otros sectores bajo presión
El caso de la Coviar también genera debate. Las bodegas deben pagar $0,58 por litro de vino producido, un aumento del 215 % respecto de la temporada anterior, lo que para algunas empresas representa una carga excesiva. Además, el aporte del 1 % de la masa salarial que exige Adimra sigue siendo motivo de controversia, especialmente tras varios fallos judiciales que han eximido a algunas empresas de este pago. A pesar de ello, la entidad continúa exigiendo el cumplimiento de la contribución.
