El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida introduce cambios que pueden tener impacto en la industria nacional, especialmente en las cadenas de proveedores vinculadas con energía, minería e infraestructura.
Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de proveedor nacional. A partir de ahora, podrán acceder a esa condición las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital social.
De esta manera, se elimina el requisito anterior que exigía que al menos el 51% del capital o de los votos perteneciera a titulares nacionales ampliando las posibilidades de participación de filiales de empresas extranjeras y compañías con capital internacional en las cadenas de suministro de los proyectos adheridos al régimen. Se mantienen, sin embargo, las exigencias de origen nacional para los productos.
El decreto también incorpora precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). En particular, establece una fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables del proyecto en su conjunto, diferenciándola de los compromisos correspondientes a cada etapa.
En materia societaria, se habilitan nuevas alternativas para transferir participaciones, incorporar socios y reorganizar estructuras empresariales. También se regulan las fusiones y adquisiciones que involucren a dos o más proyectos RIGI, que requerirán autorización de la autoridad de aplicación.
Otro cambio relevante alcanza a las sucursales dedicadas, que podrán transferir sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada para ese fin, previa autorización oficial y sin perder la adhesión al régimen.
La reforma también flexibiliza el reconocimiento de las divisas destinadas a financiar los proyectos. Podrán computarse determinados aportes de capital de no residentes y financiamientos externos canalizados a través de accionistas o socios directos e indirectos de los vehículos de proyecto.
Para ello, los fondos deberán aplicarse efectivamente a la inversión aprobada, cumplir los procedimientos del Banco Central y contar con registración contable y mecanismos de trazabilidad.
En conjunto, los cambios apuntan a facilitar la llegada de capitales, ampliar la participación de empresas radicadas en el país y otorgar mayor flexibilidad operativa a los grandes emprendimientos.
Para el entramado industrial argentino, especialmente el vinculado con Vaca Muerta, la minería y la infraestructura energética, la nueva definición de proveedor nacional abre una oportunidad para que más empresas se integren a las cadenas de valor de las inversiones impulsadas por el RIGI.



