A partir de esta semana comenzó a regir un nuevo marco que permite la libre competencia en un rubro que llevaba más de dos décadas con un ordenamiento propio. Cómo puede trasladarse a las góndolas.
Los precios de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los argentinos, quedaron desregulados a partir de este lunes. Los consumidores se preocupan por lo que pueda ocurrir en los precios de góndola y en ese contexto quieren conocer qué ocurrirá.
Lo cierto es que por primera vez en 22 años, los productores yerbateros iniciaron esta semana el período de cosecha gruesa sin un precio sostén para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda).
Acerca del precio que tendrá la yerba mate en la góndola a partir de ahora es difícil aventurar un valor ya que, más allá de la desregulación y de la posición dominante que tiene un puñado de empresas en el sector yerbatero, cuando todo tienda a normalizarse serán los propios consumidores los que propicien una baja o suba del precio.
A priori, con la caída del poder de compra del salario, es de esperar que los precios comiencen a transitar una meseta, resultado de bolsillos flacos y de consumidores que probablemente no convaliden valores exorbitantes.
Pero a lo que debe prestarse atención no es sólo lo que pase en las góndolas. Hay que mirar hacia adentro de la cadena, porque en el campo cuando hay que “ajustar”, el que más sufre es —paradójicamente— el que más arriesga, el que siembra y luego espera poder cosechar.
Por ahora, los productores reciben entre 350 y 370 pesos por kilo de hoja verde puesta en el secadero. Ese precio se ubica en más de un 50 % por encima del último valor fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Esta diferencia “a favor” del productor surge por dos motivos: el primero de ellos es que el valor de referencia es anterior a las medidas impulsadas por el nuevo Gobierno, por lo tanto quedó completamente desactualizado. Y por otra parte, es un precio que refleja una baja en los rendimientos, mas allá de los desafíos agronómicos y climáticos que tuvieron que atravesar los yerbateros; por lo tanto, es el precio que surge en un contexto de baja productividad.
La pregunta que surge es qué pasará con los más de 10.000 colonos (que en su mayoría son misioneros y tienen chacras de pocas hectáreas) que no tuvieron, no tienen ni tendrán poder de negociación frente a las empresas del sector, que son las que cuentan con capacidad de compra y espalda para soportar cualquier tipo de embate financiero.
Qué pasó con el Instituto Nacional de la Yerba Mate
El INYM quedó herido de muerte por el DNU que desreguló parte de la economía. A diferencia de otros sectores, donde la desregulación y la libertad de mercado conllevan aspectos más positivos que negativos, en el caso de algunas industrias particulares como lo es la de la yerba mate, esto puede tener efectos adversos.
En diciembre, apenas asumió, el presidente Javier Milei firmó el decreto 70/2023 que, entre otras cosas, le quitó al INYM la facultad de fijar los valores de referencia, dejando en una situación de indefensión a más de 10.000 pequeños productores de Misiones. No alcanzó un recurso de amparo para frenar ese avance sobre una economía que sufrió una de sus peores crisis a fines de la década del 90.
Esa situación de quebranto llevó a los productores a realizar un tractorazo en la capital provincial para forzar la creación del Instituto. Los yerbateros acamparon con sus viejos tractores y camiones más de un mes en los alrededores de la plaza 9 de Julio hasta que lograron que el Congreso sancionara la ley de creación del INYM.
La fijación de los precios de referencia sobre la base de una grilla de costos de producción permitió la recuperación de la actividad y que se ampliara considerablemente la superficie de yerbales. Hoy en día existen más de 210.000 hectáreas con yerba mate en Misiones y Corrientes y algunos analistas estiman que en uno o dos años habrá una sobreproducción.
Tras el fracaso de la sesión de precios en marzo, los representantes de los chacareros ante el INYM insisten en que es necesario remitir los antecedentes a la Secretaría de Agricultura para que se emita el laudo correspondiente, pero otros señalan que la sesión de precios nunca pudo ser abierta por la ausencia de los directores que representan a la industria y a Corrientes.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Alberto Pazo, estuvo en Misiones en febrero y en un encuentro con representantes de la cadena productiva aclaró que el decreto recién entraría en vigencia cuando se conociera la reglamentación. Y que hasta entonces el Instituto mantenía sus facultades para fijar precios, algo que los industriales y Corrientes desconocen.
