La iniciativa data de hace varios años, pero su demanda se masificó en pos de los recientes incendios forestales en El Bolsón, por la pesca ilegal en el Mar Argentino y el tráfico de fauna.
“El Código Penal de la República Argentina se encuentra vigente desde el año 1921 y no regula de manera directa, concreta y autónoma delitos contra el bien jurídico ambiente en términos colectivos”, enuncia la ONG Eco House. Lo cual significa que en el país no existe la figura de delito ambiental, es decir que es un derecho penal inexistente.
Entre las organizaciones que promueven este pedido se encuentran Jóvenes por el Clima, Eco House, FARN, Fundación Vida Silvestre, entre otras, quienes se manifestaron en redes bajo el hashtag “#DelitosAmbientalesYA”.
En Argentina, aquellas personas que provocan destrucciones en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de las poblaciones, no pueden ser investigadas y condenadas por la justicia. En el resto del mundo existe evidencia acerca de la incorporación de la figura de delito ambiental tipificado, tal lo demuestra los casos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y México.
Pino Solanas fue uno de los personajes a destacar entre quienes adhieren a esta petición. Propuso incorporar un Capítulo sobre Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza, el cual plantea no solo la protección del ambiente en su definición más amplia y sus recursos naturales, sino también una penalización de aquellos actos o conductas que refieren al envenenamiento, adulteración, contaminación y/o emisión de radiaciones, contra el suelo, la atmósfera, el agua.
Los proyectos existentes actuales al respecto son varios, dos de reforma “que ya contemplan un Capítulo Penal – Ambiental y también otros proyectos con estado parlamentario oportunamente presentados en el Congreso de la Nación”, dijo Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas al medio PERFIL.
