De acuerdo a lo comunicado por la entidad, la falta de obra pública no sólo afecta la seguridad vial y el bienestar general, sino que por las carencias logísticas se pierden miles de millones anualmente.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) manifestó su “preocupación por la emergencia que atraviesa la infraestructura” y advirtió que la parálisis de los proyectos, sumada a la falta de mantenimiento mínimo, le cuesta a la Argentina unos 25.000 millones de dólares anuales.
En su declaración emitida tras la reunión de su Consejo Federal en la ciudad de Rosario, los empresarios señalaron que la construcción ha dejado de ser vista como un motor de desarrollo para convertirse en la principal variable de ajuste del gasto público. “La falta de un plan integral ha generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de toda la población”, sentenciaron sin mencionar expresamente al Gobierno Nacional.
El informe de CAMARCO no se queda en la queja gremial, sino que se apoya en advertencias de organismos internacionales. El sector empresarial recordó que la OCDE ya señaló la falta de inversión en infraestructura como uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina. “Sin resolver este déficit, el país no podrá integrarse competitivamente al comercio internacional ni sostener un proceso de crecimiento de largo plazo”, indicaron los empresarios.
El panorama en las rutas es uno de los puntos más críticos. Si bien desde la Cámara valoraron el inicio del sistema de concesiones viales como un paso hacia la modernización, pusieron la lupa sobre la “letra chica”: existen 30.000 kilómetros de rutas que no resultan concesionables para el sector privad.
CAMARCO destacó “el esfuerzo de provincias y municipios que han sostenido inversiones en infraestructura, pero advertimos que estos aportes resultan insuficientes frente a los desafíos productivos y sociales que enfrenta el país”.
Uno de los puntos de mayor fricción con el Gobierno Nacional es la deuda histórica que el Estado mantiene con las contratistas. La incertidumbre sobre el bono anunciado para cancelar estos compromisos está asfixiando financieramente a las empresas.
“Cada día de demora implica más firmas al borde del colapso y miles de empleos en riesgo”, advierte el comunicado, subrayando que la crisis ya no solo afecta a la obra pública, sino que se ha trasladado al segmento privado por la caída general de la actividad.
Las demandas de CAMARCO
- Reactivación inmediata de las obras paralizadas.
- Reconocimiento y cancelación de la deuda del Estado con las empresas constructoras.
- Normalización de la ejecución de fondos específicos, como los destinados al Sistema Vial Integrado
- (SISVIAL) o el Fondo Hídrico.
- Un programa federal de infraestructura que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y
- saneamiento.
- Mecanismos mixtos de financiamiento que integren al sector privado.
- Promoción de las medidas necesarias para activar un programa de créditos hipotecarios acordes a la
- capacidad adquisitiva del conjunto de las familias.
- Políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.
- Promoción del empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción..
Finalmente, el Consejo Federal hizo un llamado a la transparencia y a la formación profesional, recordando que de la construcción dependen de forma directa e indirecta más de 60 ramas de la economía. El mensaje final de los empresarios en Rosario fue una apelación a la dirigencia política: “Sin un plan de infraestructura, la Argentina no podrá crecer”.
