Andrea Seitz | Titular de SAE Consultora
A medida que se consolidan las inversiones previstas para la región, la preocupación de muchas empresas locales empieza a tomar una forma concreta: que el crecimiento del mercado atraiga competidores de otras ciudades con mayor escala, experiencia o estructura y que una parte importante de la nueva demanda termine siendo capturada por ellos. Esa inquietud ya llegó al plano institucional.
En octubre de 2026, el Concejo Deliberante presentó ante la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense una propuesta para modificar la Ley provincial 15.510 e incorporar preferencia por proveedores del partido de Bahía Blanca cuando las ofertas sean equivalentes en precio, calidad, seguridad y condiciones técnicas, y para que las grandes inversiones den a conocer con anticipación qué van a contratar.
La discusión es relevante porque obliga a separar dos cuestiones que suelen mezclarse. Una es dar a las empresas locales una oportunidad efectiva de participar. Otra, muy distinta, es aislarlas de la competencia. La primera puede corregir asimetrías de información, acercar demanda y oferta y evitar que empresas capaces queden afuera simplemente porque no conocen a tiempo qué se va a contratar. La segunda puede terminar preservando posiciones sin modificar las capacidades que esas mismas empresas necesitarán cuando deban competir en mercados más abiertos.
Por eso, la pregunta no debería reducirse a si corresponde proteger o no a los proveedores locales. Una ventaja condicionada a igualdad de precio, calidad y capacidad técnica no produce el mismo efecto que una barrera automática. Tampoco es lo mismo dar a conocer con anticipación la demanda y facilitar el acceso a procesos de contratación que encarecer o restringir la entrada de nuevos oferentes.
Bahía Blanca ya tiene un antecedente que muestra que la presencia local, por sí sola, no asegura participación en el mercado. Un estudio de CREEBBA sobre el complejo petroquímico indicó que, en 2003, más de 200 proveedores eran bahienses —cerca del 28% del total—, pero las compras realizadas a empresas de Bahía Blanca y alrededores representaban alrededor del 13% de los 280 millones de dólares contratados en el país. Es un dato histórico, pero deja una idea vigente: lo que una empresa local captura del mercado puede depender menos de la cercanía que de la capacidad competitiva que logra construir.
Una política local tiene más valor cuando ayuda a cerrar una brecha competitiva que cuando simplemente la oculta. Si una empresa necesita conocer antes los requisitos de un contrato, acceder a información técnica, asociarse para alcanzar escala o demostrar capacidades que ya posee, existe un problema concreto sobre el cual trabajar. Las políticas pueden abrir la puerta, pero la brecha competitiva se cierra puertas adentro de cada empresa: con costos conocidos, información ordenada y una gestión capaz de sostener lo que se promete. Es allí donde la gestión deja de ser un tema interno y pasa a definir la capacidad real de una PyME para competir.
Esto también modifica la forma de pensar el rol de las instituciones. Fortalecer a las empresas locales no significa elegir entre apertura total o protección permanente. Puede significar crear mecanismos que den visibilidad a la demanda futura, ordenar información sobre proveedores, facilitar procesos de vinculación y generar condiciones para que una empresa bahiense pueda competir en igualdad de condiciones. El resultado no debería medirse únicamente por cuántos contratos quedaron en la ciudad, sino también por cuántas empresas lograron mejorar su posición competitiva a partir de ese proceso.
El riesgo de una protección mal diseñada es que termine confundiendo permanencia con fortaleza. Una empresa puede conservar un cliente porque existe una preferencia normativa y seguir teniendo los mismos problemas de escala, productividad, información o diferenciación. En ese caso, el mercado queda temporalmente resguardado, pero la empresa no necesariamente mejora su capacidad para sostener esa posición cuando la competencia vuelva a abrirse.
Las grandes inversiones pueden modificar el tamaño y la composición del mercado industrial de la ciudad, y es razonable que las instituciones busquen que las empresas locales no queden relegadas. Pero esa defensa será más sólida cuanto menos dependa de cerrar el mercado y más de elevar la capacidad de quienes ya están dentro. El horizonte no es que las empresas locales conserven mercado por una preferencia, sino que esa preferencia contribuya a consolidar capacidades que sigan siendo competitivas cuando deje de ser necesaria.
La pregunta que debería acompañar cada nueva medida es otra: ¿estamos protegiendo una posición existente o creando condiciones para que esa posición pueda sostenerse cuando la competencia aumente? La diferencia entre una cosa y otra puede definir si el nuevo ciclo industrial deja empresas locales más dependientes de la protección o más fuertes para competir.
