El gobierno nacional oficializó mediante una resolución que ya no será obligatorio registrar las ventas al exterior de ciertos productos agrícolas.
El gobierno nacional decidió eliminar la obligación de registrar ciertos productos agrícolas mediante declaración jurada para su exportación. La medida fue tomada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 50/2024. La lista de productos alcanzados por la iniciativa incluye: arroz, arvejas, garbanzos, porotos negros, blancos y colorados, maní, maíz pisingallo, aceite de maíz, afrecho y afrechillo de trigo.
La normativa, firmada por el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, se inscribió en el marco de las reformas destinadas a fortalecer y fomentar el comercio exterior argentino.
Desde la Secretaría de Bioeconomía se argumentó que, debido a la dinámica de los mercados y las capacidades de oferta interna, algunos productos adquieren una importancia significativa en el comercio exterior mientras que otros tienen menor relevancia para las exportaciones nacionales. Por esta razón, se consideró necesario eliminar la obligatoriedad del registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para los productos mencionados, con el objetivo de simplificar los procesos operativos.
Previamente, la Ley N° 21.453 estableció la obligación de registrar todas las ventas al exterior de ciertos productos agrícolas mediante declaraciones juradas, con el fin de asegurar un ingreso más fluido de divisas y prever con antelación el volumen de exportaciones.
Sin embargo, según detallaron desde la secretaría gubernamental en el texto publicado, los productos que se liberan de dicha obligación mediante la norma publicada este miércoles han sido evaluados como menos críticos en términos de control estatal.
Además, explicaron que la medida apunta a simplificar el comercio exterior en Argentina, facilitando las operaciones para los exportadores y potenciando la competitividad de los productos agrícolas argentinos en el mercado global. Con esta resolución, el Gobierno busca aliviar la carga administrativa para los exportadores e incentivar un mayor volumen de ventas al exterior al reducir los trámites burocráticos.
Esta decisión forma parte de un conjunto de políticas que buscan impulsar la competitividad y eficiencia del sector agrícola argentino, permitiendo una mejor adaptación a las exigencias del mercado internacional.
