La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Con esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a revisar y autorizar los aumentos antes de su aplicación.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, modifica las reglas que rigen al sector desde diciembre de 2023. Las compañías podrán solicitar actualizaciones tarifarias, pero deberán justificar cada incremento ante el organismo de control.
Para autorizar las subas, la autoridad sanitaria deberá evaluar las variaciones concretas en la estructura de costos de las empresas y la razonabilidad del cálculo actuarial de los riesgos. De esta manera, se recupera un mecanismo de supervisión que había quedado sin efecto tras la desregulación impulsada por el Gobierno.
La resolución también podría tener consecuencias sobre cerca de 500 causas similares que esperan una definición judicial, además de otros reclamos iniciados por afiliados en distintos tribunales del país.
El expediente que llegó al máximo tribunal se originó en la demanda de una usuaria que cuestionó los incrementos aplicados a su cobertura médica. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, su cuota registró una suba del 110%. En contraste, bajo el esquema de regulación anterior, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La Corte confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había fallado a favor de la afiliada. Sin embargo, introdujo una diferencia importante respecto del alcance de los controles: rechazó establecer un límite automático para las cuotas vinculado con la inflación.
Esto significa que las empresas no tendrán un tope predeterminado según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Podrán solicitar aumentos, pero deberán acreditar que responden a sus costos y obtener la autorización correspondiente.
En los fundamentos, los jueces señalaron que el Poder Ejecutivo no había demostrado las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para eliminar mediante un decreto los mecanismos de supervisión estatal. La referencia a la crisis del sistema de salud y a la necesidad de mejorar la competitividad no fue considerada justificación suficiente para evitar el tratamiento legislativo en el Congreso.



