El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) avaló la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece límites para actualizar las indemnizaciones en los juicios laborales que todavía no tienen sentencia definitiva.
El fallo, dividido por tres votos contra dos, revocó una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y respaldó el mecanismo transitorio previsto por la reforma para calcular los intereses de los créditos laborales pendientes.
La norma establece que las deudas se actualicen mediante la tasa pasiva del Banco Central (BCRA), aunque incorpora dos límites: el resultado no puede superar el capital actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%, ni ser inferior al 67% de esa misma fórmula.
La controversia llegó a partir de una demanda contra Banco Hipotecario y Aegis Argentina por un despido ocurrido en 2017. La Cámara laboral había ordenado actualizar el crédito según la inflación más un interés del 3% anual, pero el banco cuestionó ese criterio y recurrió al TSJ.
La mayoría del tribunal consideró que el Congreso tiene facultades para establecer reglas específicas de actualización y que el nuevo esquema no vulnera derechos constitucionales. Los jueces entendieron que el piso del 67% funciona como una garantía suficiente para evitar una reducción desproporcionada del crédito.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. Los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia y consideraron que el mecanismo puede perjudicar a los trabajadores al reducir el valor real de las indemnizaciones durante la tramitación de los juicios.
Entre sus argumentos, señalaron que la tasa pasiva del BCRA acumuló, durante el período analizado, una variación equivalente aproximadamente a la mitad de la inflación. Por eso, entendieron que el piso establecido por la ley no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
El impacto del fallo alcanza a dos sectores de manera diferente. Para las empresas, representa un antecedente favorable porque establece parámetros más previsibles para calcular el costo de los litigios laborales pendientes. Para los trabajadores, en cambio, puede significar una actualización menor de los créditos reclamados judicialmente.



