Un producto producto de una desregulación en un área sensible está impactando directamente en gran parte del sistema portuario nacional, lo que para algunos operadores puede dañar la reputación internacional del país.
El conflicto por el nuevo régimen de practicaje continúa generando consecuencias en distintos puertos del país. La protesta de prácticos, pilotos y baqueanos comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, con el que el Gobierno nacional modificó las reglas que regulaban la actividad desde 1991. La norma elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, establece topes tarifarios y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma busca reducir los costos logísticos y aumentar la competencia, las entidades que representan a los prácticos advierten que los cambios ponen en riesgo la seguridad de la navegación y decidieron suspender la aceptación de nuevos servicios.
Mientras la disputa se encuentra en manos de la justicia, el impacto económico del paro empezó a extenderse más allá del practicaje. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, advirtió que cada demora de un buque cuesta entre 50 y 100 mil dólares por día y alertó sobre el riesgo de que la Argentina termine en una “lista de país sucio”, es decir, percibido como poco confiable para cumplir contratos de exportación.
Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos y advirtieron sobre eventuales dificultades en el abastecimiento energético. En Neuquén, la restricción en el puerto de Bahía Blanca ya frenó la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.
La paralización abarca los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.
