El proyecto de ley busca ponerle fin al derecho de uso propio de las semillas por parte de los productores. La Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria emitieron un comunicado mostrando su desacuerdo.
Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), comunicó su intención de que la Argentina adhiera a UPOV 1991 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales), un acuerdo internacional cuyo objetivo es la protección de las obtenciones vegetales mediante un derecho de propiedad intelectual, elaborado para alentar a los obtentores a crear nuevas variedades vegetales.
Entre otros puntos, esta iniciativa que está incluida en el proyecto de Ley Omnibus elimina la posibilidad de uso propio de las semillas por parte de los productores, un factor sensible que genera rechazo en buena parte del campo argentino.
A través de las redes sociales, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación de Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria emitieron un comunicado conjunto, en el que mostraron su rechazo a la medida: “Consideramos inoportuna la propuesta de adhesión a UPOV 91 y abogamos por retirarla del proyecto de Ley de Bases, y proponemos abordar este tema en una actualización integral de la Ley de Semillas, escuchando y participando todos los sectores que nos vemos involucrados. La adhesión a UPOV91, implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación. UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación. Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.
En América Latina, solo Costa Rica y Perú han adoptado UPOV91, mientras que ningún país de la región está adherido. “Destacamos la importancia de equilibrar los derechos del obtentor con los derechos de los agricultores, señalando que la adhesión limitaría el derecho de uso propio del agricultor y extendería los derechos del obtentor hasta el producto final de la cosecha”, remarcaron desde las entidades gremiales.
