La iniciativa precisa qué tipo de nomenclatura llevará el hidrógeno en base a su forma de producción, además de favorecer la creación de instituciones de control del proceso y la participación de empresas locales.
El Poder Ejecutivo envió finalmente el lunes a la Cámara de Diputados para su tratamiento dos proyectos de corte energético: la ley de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero y la promoción del gas natural licuado (GNL).
Ambas iniciativas llevan las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y del ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el correspondiente mensaje dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.
Proyecto de ley sobre Hidrógeno Verde
La primera de las iniciativas, denominada Ley de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros Gases de Efecto Invernadero, precisa que se utilizarán “definiciones y tipologías por colores —verde, azul y rosado—, consistentes con las nomenclaturas conocidas internacionalmente respecto a la fuente de energía utilizada para su obtención”.
Los tipos de hidrógeno son definidos bajo un criterio tecnológico donde el verde y el rosa corresponden a su producción a partir de electrólisis de agua de fuente de energía renovable y nuclear, respectivamente.
En tanto que el azul es empleado para la fuente que utiliza “gas natural incluyendo una etapa de captura de carbono”.
Para el caso de hidrógeno azul, el proyecto prevé que “la autoridad de aplicación defina, en la reglamentación, los estándares de máximos de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad producida para ser considerado como tal” y que “involucren la utilización o transformación de combustibles fósiles y en cuyo proceso productivo se incluyen una o más etapas de captura, y el almacenamiento o utilización de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su obtención de manera de reducir significativamente su liberación a la atmósfera”.
Más adelante, la iniciativa establece “la creación de instituciones para la certificación de origen de la producción, las cuales certificarán las características del proceso de producción del hidrógeno incluyendo la fuente de energía y nivel de emisiones asociados, así como establecerán estándares de seguridad para la producción. Las certificaciones locales estarán en línea con estándares reconocidos internacionalmente”.
El proyecto de ley contempla “exigencias orientadas al desarrollo de proveedores locales en la cadena de producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional que contribuya a la generación de empleos vinculados al sector. Estas exigencias se van incrementando con los años, en función de la estimación de la curva de aprendizaje”.
También prevé mecanismos de certificación y auditoría que sanciona a aquel proyecto de producción de hidrógeno que, a lo largo de su duración, supere los niveles de emisión de gases de efecto invernadero declarados al momento de presentar la Declaración de Inclusión al régimen de promoción, o los máximos tolerables para su clasificación como hidrógeno azul. En este sentido, ningún potencial productor de hidrógeno gris podría ser beneficiado por la norma propiciada.
El proyecto contempla incentivos fiscales de promoción de la producción para atraer inversiones; la introducción de certificaciones de calidad, de seguridad y de origen y el fomento al desarrollo de la cadena de valor local.
