Desde las empresas mineras se asegura que la modificación de la norma garantiza la protección del entorno hídrico a la vez que otorga seguridad jurídica a las inversiones.
Esta semana retoman las sesiones en el Congreso de la Nación, y uno de los puntos a discutir es nada más ni nada menos que la reforma sobre la Ley de Glaciares, una iniactiva impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modificar el alcance de la protección ambiental en las zonas de alta montaña.
En el centro del debate legislativo se encuentra la intención de redefinir el “ambiente periglacial” para que las restricciones de actividad se apliquen específicamente a aquellas geoformas que cumplen una función hídrica relevante. Esta distinción es vista por la administración central como un paso necesario para fomentar el desarrollo productivo sin descuidar el patrimonio natural de la Argentina.
En medio de las quejas de activistas ambientales y la preocupación ciudadana por el destino de algunas de los paisajes más maravillosos que tiene el país, la industria minera se encuentra expectante por la posibilidad de explotar recursos ubicados entre los de mayor demanda global.
Cobre, oro, litio, tierras raras, uranio y otros metales vinculados a la demanda de la transición energética y el salto de las nuevas tecnologías abren la expectativa de un nuevo ciclo de desarrollo, con fuerte interés de los principales jugadores internacionales.
Inversiones, empleo y recursos
Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó la postura de la industria para llevar “certezas y tranquilidad” ante los temores que despiertan las aclaraciones técnicas en la normativa. La entidad reafirmó su compromiso con la preservación del ambiente y subrayó que la minería moderna opera bajo estándares de sustentabilidad que permiten la convivencia con los recursos hídricos.
Según la Cámara, la actividad genera actualmente más de 100.000 puestos de trabajo y tiene el potencial de duplicar esa cifra en los próximos años, lo que sólo puede llegar de la mano de inversiones y el desarrollo de los proyectos en carpeta.
Uno de los puntos centrales que las empresas buscan desmitificar es el consumo de agua. La CAEM precisó que la minería representa apenas el 1% del uso total del recurso en las regiones donde opera, mientras que el 93% se destina a la agricultura.
“Entre el 70% y el 90% del agua que se usa en los procesos se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula una y otra vez”, detallaron desde la institución, destacando la eficiencia de los yacimientos metalíferos del país.
La industria también enfatizó que la actividad no se desarrolla en un vacío legal, sino bajo un “exigente esquema de control técnico y normativo”. Todo proyecto minero debe presentar informes de impacto ambiental (regidos por la Ley 24.585) que son auditados cada dos años por autoridades provinciales, universidades y organismos técnicos.
La postura de la cámara empresaria es que el desarrollo de recursos naturales debe ser transparente y responsable, asegurando que cada proyecto sea evaluado por su interacción integral con el entorno. La intención es que la nueva normativa despeje el camino para proyectos que hoy se encuentran en etapa de prospección o espera.
Mientras el Gobierno busca acelerar el tratamiento para dinamizar la economía, la industria minera espera que el resultado final sea un marco regulatorio que proteja el agua estratégica pero que también habilite el potencial productivo de la cordillera, garantice empleo y desarrollo futuro.
