La secretaria de Energía insistió con la importancia de la normativa y sostuvo que la empresa Petronas, que piensa invertir 50.000 millones de dólares, exigía más condiciones que se le negaron.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, afirmó que el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) “es fundamental para el futuro del país”, especialmente a la luz de “las posibilidades” que tiene Argentina con las reservas de Vaca Muerta de cara a la transición energética.
“Vaca Muerta, con la demanda actual del país, nos da recursos para más de 150 años. Podemos tener la ambición de pensar mucho más allá de nuestro mercado interno o más allá de nuestro mercado regional. Por eso consideramos pertinente tener un marco para promocionar la instalación de proyectos de GNL en la Argentina”, enfatizó.
Al participar en el Congreso de un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda, la funcionaria del Ministerio de Economía pidió contar con un marco regulatorio que “brinde seguridad jurídica a inversores locales y extranjeros”.
“Consideramos que este proyecto de ley realmente cambiaría la realidad productiva y económica de Argentina. Dios quiera que se puedan hacer porque son proyectos muy intensivos en capital, muy fuertes en inversión que requieren tres años de construcción, pero estamos convencidos que Argentina y Vaca Muerta tiene una posibilidad enorme en proyectos de GNL”, planteó Royón.
Y puntualizó que “son negocios de grandes volúmenes, pero de poco margen y de largo período de recupero en los que los inversores plantean la necesidad de tener, por sobre todas las cosas, un marco de estabilidad fiscal durante 30 o 35 años que es donde evalúan el proyecto de inversión”.
El principal proyecto beneficiado por esta ley sería el de la empresa malaya Petronas en sociedad con YPF para instalar una gran planta de procesamiento de gas en el puerto de Bahía Blanca, para el cual construirá un gasoducto propio desde los yacimientos neuquinos.
Se estima que Petronas-YPF invertirán 10.000 millones de dólares en primera instancia para luego completar sus trabajos con aportes de hasta 50.000 millones de esa moneda.
Entre los beneficios para la inversión está la quita de retenciones, pero Royón explicó que a partir de un valor del BTU de 15 dólares sí se pagarán derechos de exportación.
Cuando los diputados opositores cuestionaron que se sancione una ley con un beneficiario directo, la funcionaria dijo que “Petronas pedía bastante más de lo que está en el proyecto” y puso como ejemplo que no se incluyó entre los sectores que recibirán beneficios el segmento de upstream.
De hecho Royón les pidió a los legisladores un tratamiento urgente de la norma: “Tiene que salir porque Petronas está dispuesta a iniciar la actividad antes de diciembre”, afirmó.
Otros proyectos más pequeños, como el plan de SACDE de Marcelo Mindlin que contemplaba la construcción de una planta de licuefacción que aproveche el gas que transporta el gasoducto Nestor Kirchner, presupuestado en USD 5.000 millones, quedó excluido de los beneficios de esta ley.
“El piso de inversión y producción para el desarrollo de proyectos integrados nos deja fuera de juego”, dijeron desde una de las empresas que estaban interesadas en el negocio.
El argumento del gobierno es que el gas que transportan los ductos tienen como destino el mercado interno y un cupo exportable a los países vecinos durante el verano cuando baja el consumo.
Los legisladores de todos los espacios políticos reconocieron en la necesidad de establecer un marco regulatorio para el aprovechamiento de la fenomenal reserva hidrocarburífera de la cuenca neuquina.
No obstante, las críticas de la oposición apuntaron a la letra chica: beneficios fiscales que consideraron excesivos, la extensión de los plazos que garantizan seguridad jurídica e impide modificar lo pautado por 30 años, así como los montos permitidos de libre disponibilidad de divisas y los mecanismos establecidos para la resolución de posibles conflictos entre las partes.
Además de Royón, disertaron en la Cámara baja la asesora de Regulación Financiera del BCRA, María Daniela Bossio; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; el subsecretario de Programación Macroeconómica, Germán Plessen; y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
