Se trata de un programa para la inserción laboral que regía desde la gestión anterior y que el Gobierno extendió hasta diciembre de 2026.
El gobierno nacional decidió extender el programa Puente al Empleo, que impulsa a las empresas a contratar beneficiarios de asignaciones sociales, otorgándole ventajas impositivas.
A través de la publicación del decreto 1085/2024, el Ejecutivo estableció: “Extiéndese la aplicación del Decreto N° 551 del 29 de agosto de 2022 a las relaciones laborales que se inicien a partir del primer día siguiente al de la finalización del plazo previsto en el artículo 18 de esa norma y hasta el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive”.
Entre sus argumentos, el Gobierno menciona que “ha iniciado un reordenamiento, reformulación y sustitución de programas sociales o de empleo, con el objetivo principal de promover y fortalecer aquellas políticas públicas orientadas a posibilitar que los segmentos poblacionales con mayor vulnerabilidad social y económica mejoren sus habilidades y destrezas laborales y accedan a un trabajo registrado y a los derechos de la seguridad social”.
Con respecto a los beneficiarios de los planes sociales, indicaron que “poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa de nuestro país accede a un puesto de trabajo asalariado registrado del sector privado”. “Uno de los factores que explican este escenario consiste en la falta de competencias y habilidades que presentan determinados segmentos poblacionales para desarrollar actividades laborales productivas debido, en gran parte, a las dificultades que enfrentan estas personas para acceder a experiencias laborales de calidad que les permita incorporar conocimientos relevantes para el sistema productivo”, plantearon.
En este contexto, resaltaron que este programa “busca abordar dicha problemática, generando beneficios que incentiven a las empresas del sector privado a contratar trabajadores con poca o sin experiencia laboral formal”.
¿Qué es el programa Puente al Empleo?
El programa fue creado en 2022, cuando Sergio Massa era ministro de Economía. A través de esta iniciativa, buscaban convertir 200.000 planes sociales en empleos formales. Entró en vigor 1° de octubre de ese año y tendría una duración de 24 meses. Con la prórroga oficializada esta madrugada, las empresas que contrataron beneficiarios tras el vencimiento del plazo inicial podrán acceder a los privilegios.
El programa ofrece una reducción total del 100 % en las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social. En paralelo, permiten imputar la asignación dineraria de los programas sociales como parte del pago de la remuneración. Esto implica que el monto del plan social se integrará al salario, mientras que el empleador solo deberá cubrir la diferencia necesaria para completar el total de la remuneración, conforme a las normativas complementarias vigentes.
La empresa contratante estará obligada a asumir el costo correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Sin embargo, según la normativa mediante la que se oficializó el programa, quedan expresamente excluidas de las reducciones mencionadas las alícuotas adicionales contempladas en los regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social.
En caso de que el contrato laboral se interrumpa durante la vigencia del programa, el trabajador podrá seguir recibiendo las asignaciones de los programas sociales, siempre que sus aportes al Sistema de Seguridad Social no excedan los doce meses. Además, si el tiempo trabajado oscila entre los ocho y doce meses, las trabajadoras y los trabajadores tendrán la opción de permanecer en el programa de origen o de acceder a la prestación por desempleo, según lo establecido en las normativas aplicables.
