Las empresas dedicadas a la televisión por cable de la provincia de La Pampa rechazaron tajantemente las nuevas medidas impulsadas por el Presidente Alberto Férnandez.
Desde la Asociación Pampeana de Cableshicieron pública su firme postura de resistencia hacia los anuncios del Gobierno de intervenir en las tarifas de internet, telefonía celular y cable mediante un decreto nacional. El sector indicó que la medida “agrega más incertidumbre” y se trata de un “exceso regulatorio”.
[su_note note_color=”#e3e3e3″]El documento publicado por la entidad considera que el DNU 690/2020 “está lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos en materia de información, entretenimiento y acceso a internet”. [/su_note]
“Por el contario, esta norma agrega incertidumbre a un contexto donde los operadores estamos haciendo considerables esfuerzos por acompañar a nuestros clientes, sostener la calidad de los servicios y cuidar a los trabajadores, operando en mercados altamente competitivos y tecnológicos”.
En el documento se manifestó además que “la norma publicada, salteando facultades del Congreso, produce serias limitaciones al manejo de nuestras empresas y la vemos como una grave afectación al marco regulatorio que nos rige y a nuestra seguridad jurídica”.
Desde la Asociación indicaron que la brecha digital “se cierra con más inversión y complementariedad, que coadyuven a extender las redes e incrementar la oferta de servicios” y que para lograrlo, son necesarios créditos a tasas razonables para mantener actualizada la infraestructura.
Por otro lado, se refirió a que las medidas del Gobierno no los favorecerían en ningún sentido, sino que, por el contrario, beneficiaría a los competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que “ingresan libremente al país, hacen usufructo gratuito de nuestras redes y no se les exige nada”.
En el escrito publicado, también hicieron especial hincapié en la necesidad de aliviar la pesada carga impositiva que “soportan” las empresas del rubro y lo indispensable que resulta darle un nuevo destino a nuevos desarrollos con aportes al Fondo del Servicio Universal para que los servicios puedan llegar a zonas vulnerables o que no son rentables para su operación.
La entidad finalizó el comunicado señalando que no hace falta declarar el servicio como público para achicar la brecha digital, ya que el Estado tiene todas las herramientas para hacerlo, pero de otro modo.
