Pese a que fueron los aspectos más cuestionados de la Ley Bases impulsada por el Gobierno, ambos artículos recibieron la aprobación del Senado sin mayores complicaciones para el oficialismo, aunque se le realizaron algunas modificaciones.
La Ley Bases finalizó con un dramático empate, obligando a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, a definir con su voto el resultado definitivo. Tras la aprobación, la sesión continúo con el tratamiento título por título del megaproyecto. Este segundo momento de la votación terminó siendo más calmo para el oficialismo, pese a que enfrentó reparos en algunos puntos concretos. El escenario de empate se repitió en tópicos cruciales, como la declaración de emergencias y la delegación de facultades al Ejecutivo, y la vicepresidenta libertaria volvió a desempatar con su voto afirmativo.
Entre los artículos más relevantes se encuentra la delegación de facultades extraordinarias para el Presidente, y la reforma del Estado. En materia económica, las principales cuestiones que se abordaron fueron relativas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al capítulo dedicado a las posibles privatizaciones de empresas estatales. Así fue cómo se resolvieron:
Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones
Para lograr su aprobación, el oficialismo concedió algunas demandas de la oposición, entre las que se encuentran: acotar el RIGI a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología; el compromiso de contratar proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20 % de la totalidad del monto de la inversión. La iniciativa finalmente fue aprobada con 38 votos afirmativos y 32 negativos.
Medidas fiscales para el tabaco
El apartado referido a la industria tabacalera fue aprobado y a partir de ahora igualará los impuestos internos para todas las empresas del sector tabacalero, los cuales pasarán del 70 % al 73 % e impactarán en el precio de venta del atado de cigarrillos.
Privatizaciones
El Gobierno de Javier Milei debió ceder en su intención de privatizar o directamente hacer desaparecer empresas u organismos públicos para que finalmente salga su paquete de leyes, aunque algunas de las empresas públicas, como la de ferrocarriles o la de aguas, podrán pasar a manos de privados nuevamente. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer de la disolución de los siguientes organismos: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Malbrán, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y el Servicio Meteorológico Nacional, entre los más reconocidos. Tampoco podrá disolver organismos vinculados a la cultura.
Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina no podrán ser privatizadas. Por otro lado, el gobierno nacional deberá financiar los contratos de obra pública que fueron detenidos siempre que esta se encuentre ejecutada en un 80 % o que cuente con capitales extranjeros.
