Según las declaraciones del intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reconstruir la ciudad luego del catastrófico temporal que inundó barrios enteros tendría un costo de 400.000 millones de pesos. Para conseguir los fondos necesarios para llevar adelante esta tarea, tanto la Nación como la Provincia están buscando diferentes opciones para acceder a ellos lo más rápido posible.
En el caso del gobierno nacional, según fuentes cercanas a la Casa Rosada, se elevó un pedido de ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que “hay conversación permanente”, y en las últimas horas se abrió la posibilidad de una línea de financiamiento que busque revertir los destrozos que dejó el agua, como puentes rotos, rutas intransitables, hospitales, escuelas y otros edificios con riesgo de derrumbe y una obra hidráulica, la del canal Maldonado, completamente desbordado.
El BID es un organismo de crédito multilateral que financia obras de infraestructura en América Latina. Por ese motivo, su asistencia en la reconstrucción de Bahía Blanca sería razonable. De todos modos, se debe relevar el nivel de daños con exactitud para que esto suceda, lo cual significa que, pese a la cifra de 400.000 millones de pesos, esta línea diplomática precisa un detalle mayor sobre el alcance de los destrozos para fijar una cifra más exacta en la negociación.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
En paralelo, el Ejecutivo cuenta con otra vía diplomática por fuera del BID. Se trata del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que depende del Banco Mundial. En octubre de 2023, la administración de Alberto Fernández firmó un contrato con la entidad por un préstamo de 200 millones de dólares. Según el decreto que habilitó ese acuerdo, los fondos tenían el objetivo de dar cobertura para “Infraestructura resiliente al clima para la mitigación y adaptación del riesgo de inundaciones en ciudades críticas, Mejora de la Capacidad Institucional y Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión del Proyecto y Componente Contingente de Respuesta de Emergencia (CERC)”.
Según datos oficiales, el Gobierno nunca usó esos dólares disponibles y podría hacerlo en caso de que solicitara desembolsos. Sin embargo, no todo sería tan rápido y fácil como parece. Los fondos comprometidos para ese contrato contenían subproyectos ubicados en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Jujuy. ¿Pueden cambiarse esos subproyectos para destinar la ayuda a Bahía Blanca? Sí, pero llevaría más tiempo, según describieron los especialistas.
La gestión de ese financiamiento que tenía como objetivo desarrollar obras para mitigar posibles inundaciones posee un detalle curioso. La impulsó en 2023 quien estaba al frente de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.
Otras vías de ayuda económica
También existen otras vías de ayuda económica. Cada vez que alguien cargue nafta podría estar realizando una donación indirecta para la reconstrucción bahiense. Esto surge del impuesto a los combustibles, que tiene, según la ley que lo creó, una asignación específica. Esto implica que lo que recauda tiene de antemano una función prefijada. En este caso, el 4,3 % de lo que se paga por este tributo es derivado al Fondo Hídrico de Infraestructura.
En enero, el fisco explicó que por el “Impuesto a los Combustibles ingresaron 262.914 millones de pesos con una variación interanual de 470 %”. El 4,3 % de eso serían 11.305 millones de pesos. Y en febrero, la recaudación total del tributo fue de 339.280 pesos, razón por la que otros 14.589 millones de pesos deberían ser derivados al Fondo Hídrico de Infraestructura. Es decir, en los primeros dos meses del año sumó 25.894 millones de pesos.
Otro tributo que tenía asignación específica era el impuesto PAIS. El 19,5 % de lo que recaudaba debía destinarse a obras de Infraestructura Económica, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas. En diciembre pasado, mediante un decreto firmado el presidente Javier Milei, el Gobierno estableció que la Secretaría de Obras Públicas debía pagarle al Tesoro la cifra de 1 billón de pesos, como resultante de los fondos que no se utilizaron, producto de la motosierra en la obra pública.
En consecuencia, debió emitir un pagaré cuya fecha de vencimiento es el 18 de marzo. Independientemente de si Obras Públicas transfirió ese dinero al Tesoro, se trata de movimientos de plata intra Estado.
Por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof informó que en las próximas horas definirán qué partidas utilizarán para dar asistencia a las personas damnificadas, pequeñas y medianas empresas y obras de infraestructura.
