A través de un decreto del Ejecutivo nacional, quedaron fuera de funcionamiento los derechos de exportación de productos lácteos. El objetivo es potenciar la cadena productiva de alguno de ellos en los mercados extranjeros.
Los derechos de exportación, lo que se conoce habitualmente como retenciones, fueron eliminados para ciertos productos agroindustriales que integran la cadena de valor de la industria láctea. Además, el gobierno nacional redujo en un 25 % los cargos sobre distintas cadenas productivas de carne como la bovina y la aviar.
La decisión se hizo efectiva a través de la publicación del Decreto 697/2024 en el Boletín Oficial y alcanza a los productos de la categoría “vaca”, con excepción de los animales vivos, cuya codificación sea A, B, C, D y E, y a los productos de la cadena porcina. Todo esto tiene como objetivo dotar al sector de una mayor competitividad e impulsar la proyección internacional para productos de alta demanda mundial.
El decreto incluye la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscilaba entre el 4,5 % y el 9 %. Hasta la publicación de la normativa, este impuesto se encontraba temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Ahora, tras su eliminación, se espera que los procesos de la industria tengan una mayor previsibilidad para aumentar su productividad e inversiones.
Retenciones a proteínas animales
En ese misma línea, se implementó una reducción del 25 % en retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual también se encuentra entre el 4,5 % y el 9 %. Para el Gobierno, las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a los granos y tienen un impacto federal masivo puesto que los productos alcanzados por este decreto se producen en todas las provincias de nuestro país.
Tal como indica el considerando, uno de los objetivos que tiene esta medida es, por un lado, “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional” y, por otro, “promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales”. Ambos son uno de los puntos centrales del Código Aduanero.
Además, señalaron que “la medida persigue el objetivo de promover un incremento en las ventas a mercados externos, mejorar el nivel de ingresos de los productores y elaboradores, así como de su red de interacción, fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país, además de propender a mejorar la calidad de los productos”.
Esta decisión se enmarca en un proceso de desregulación, baja de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial. En consecuencia, desde el Gobierno precisaron que apuestan por quitar el peso del Estado de los hombros de la producción agropecuaria, que registra 1,2 millones de puestos de trabajo y es responsable por el 63 % del total de productos exportados por Argentina.
Según difundieron, el año pasado el 25 % de los derechos de exportación que tributaron estas categorías superó los 70 millones de dólares.
En este contexto, el decreto sostiene que “se evidenció un paulatino pero constante crecimiento interanual en los volúmenes de exportación de los productos lácteos a pesar de contar con precios promedios de exportación más bajos que meses anteriores, dando cuenta de que aumentó la posibilidad de concreción de operaciones, a mayor resguardo de las fluctuaciones en la cotización internacional”.
“La mejora en el tipo de cambio a partir del mes de diciembre de 2023 impulsó y acompañó el referido crecimiento, destacándose un impacto positivo en la mejora en el precio pagado al productor y en la rentabilidad del tambo promedio, que lleva una tendencia positiva en los últimos meses, con valores que no se registraban desde el mes de marzo de 2020″, sumó el Gobierno a sus argumentos.
