Será a partir del próximo 15 de enero. Se espera que la medida genere una baja de precios, pero hay incertidumbre sobre su impacto en la industria nacional.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares a partir de este jueves 15 de enero con el objetivo de reducir los precios al consumidor y ampliar la oferta tecnológica en el país.
Dicha medida entra en vigencia a partir del Decreto 333/2025, publicado el 14 de mayo del año pasado, que estableció una reducción progresiva del gravamen: primero al 9,5 % y ahora su eliminación total.
De acuerdo con lo establecido en la normativa, esta iniciativa “mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos”, con el objetivo de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.
Según estimaciones del sector, la eliminación de los aranceles podría generar una baja de precios de entre un 10% y un 30%, dependiendo del modelo, la marca y la velocidad con la que las empresas importadoras actualicen sus listas de precios.
No obstante, especialistas advierten que el efecto no será inmediato, ya que hay stocks en circulación con costos anteriores y la logística de importación lleva su tiempo. Además, la inflación y la evolución del tipo de cambio podrían influir en la magnitud del impacto.
Objetivos oficiales
De acuerdo con lo establecido desde el Ejecutivo, la eliminación del arancel se enmarca en una estrategia de apertura económica y desregulación del comercio exterior. Según voceros oficiales, los principales objetivos de la medida son:
- Fomentar la competencia entre marcas y distribuidores para mejorar precios y calidad.
- Ampliar la oferta de dispositivos disponibles, incorporando tecnología de última generación.
- Reducir la brecha de acceso a celulares en comparación con otros mercados internacionales.
De esta manera, con la quita total de aranceles a la importación de celulares, el Gobierno busca alivianar los precios en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo. Sin embargo, la medida deja abierta la discusión sobre el futuro de la industria local y los efectos estructurales de una apertura sin compensaciones productivas.
