Con más de 600.000 MiPyMEs activas en el país, el alivio fiscal y tarifario podría significar un respiro para el empleo y la producción en un año donde muchas aún luchan por sobrevivir.
La Cámara de Diputados debatirá en los próximos días el proyecto de “Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs”, que busca dar oxígeno a uno de los sectores más golpeados por la recesión. La iniciativa, impulsada por diputados de Unión por la Patria y bloques aliados, obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, Justicia, Energía, Finanzas y Presupuesto.
La propuesta declara la emergencia por un año -prorrogable por otro- y apunta a aliviar la carga tributaria, financiera y tarifaria de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, exceptuando a las medianas tramo 2. También incluye a cooperativas, fábricas recuperadas y agricultores familiares.
El proyecto contempla una batería de medidas para sostener el empleo, reducir costos y facilitar el acceso al crédito. Entre las principales, se destacan la reducción de tarifas de servicios públicos, la suspensión de ejecuciones fiscales, un plan especial de regularización de deudas, y la exención del impuesto al cheque.
Además, crea un Consejo de Monitoreo PyME y una Ventanilla Única (VUPyME) para simplificar trámites, así como incentivos fiscales y laborales para la creación de nuevos puestos formales.
De aprobarse en Diputados, el proyecto deberá pasar al Senado para su sanción definitiva. Si se convierte en ley, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentarla, y los beneficios comenzarán a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
De fondo, subyace la duda de si en algún momento se superará la etapa de medidas para paliar crisis, para avanzar hacia una situación de estabilidad en la cual las empresas pymes no tengan que ser auxiliadas constantemente.
