La entidad afirmó que crecieron un 130 %, y pidió al Gobierno intervención, además de la aplicación de leyes de emergencia para evitar más cierres de fábricas.
A través de su presidente, Daniel Rosato, Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló que los concursos preventivos de empresas habían crecido 130 % en el último año, encendiendo las alarmas sobre una situación crítica para el entramado industrial, y reclamando por medidas para “para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas”.
En este sentido, IPA sacó un comunicado oficial en el cual el presidente Daniel Rosato reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronosticó que 2026 romperá el récord que se alcanzó en pandemia. Ante este escenario, le reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las Pymes y exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe en lo inmediato el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
Un escenario que había sido pronosticado
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, indicó el dirigente.
Al respecto, Rosato brindó precisiones del avance de la crisis. Lo hizo junto con el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien advirtió por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año.
“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, puntualizó Pizzano mediante un documento elaborado por el área legal de IPA. En relación a las consecuencias sociales, marcaron que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.
También, el informe de IPA indicó que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.
En esta línea, Pizzano expuso que, frente a la crisis, empresas multinacionales dejaron el país. Y al mismo tiempo, firmas locales buscaron sobrevivir transformando su matriz productiva: “se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”.
La solución parcial que IPA reclama
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las Pymes puedan recuperar capital de trabajo”.
Al respecto, “se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad, facilitación al acceso a la solución preventiva, etc. No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”, señaló IPA.
Por eso, Pizzano sostuvo que “el empresario Pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.
Por último, el documento institucional de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir obligatoriamente acompañado de un viraje en el rumbo del país, debido a que “la espera que puede lograrse mediante una legislación de emergencia sería en vano si no mejoran las condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, niveles de empleo, salario real y consumo masivo”.
