Las cámaras del sector frenaron la producción por el atraso en los precios, que no cubren los costos de elaboración. Advierten que en septiembre no podrán cumplir con el cupo.
La industria del biodiesel atraviesa su peor crisis en más de un año y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) informó que las 25 plantas que operan en Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe paralizaron sus operaciones y solo podrán entregar una mínima parte del cupo destinado al mercado interno.
El conflicto se arrastra desde hace quince meses y tiene su origen en el atraso de precios que fija la Secretaría de Energía. Según la Cepreb, el Poder Ejecutivo estableció en agosto un valor de 1.408.687 pesos por tonelada, cuando el costo de producción es de 1.641.000 pesos y el precio legal debería ser de 1.691.000 pesos, sumando un 3 % de rentabilidad.
“Con esta brecha, la mayoría de las pymes no podrá cumplir con el cupo asignado, lo que pone en riesgo el abastecimiento de diésel para el consumo de los argentinos”, advirtió Federico Martelli, director ejecutivo de Cepreb, en una nota enviada al organismo estatal.
Las empresas acusan directamente al secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, de fijar precios según criterios macroeconómicos y no de acuerdo con la ley. “El biodiesel no fue responsable de los aumentos en el surtidor; fue el propio Estado, junto a las refinadoras y expendedoras, el que liberó el precio de los combustibles líquidos, generando subas que pagó el consumidor”, indicaron en su comunicado.
Desde Cepreb calculan que, si se aplicara la fórmula vigente (Resolución N° 963/2023), el impacto en el surtidor sería de apenas 19 pesos por litro, un aumento que podría ser absorbido por las compañías refinadoras, según afirman desde la entidad.
Las cámaras Cepreb, Casfre y Capba exigieron un trato igualitario para el biodiesel frente al aceite de soja y el diésel, cuyos precios se ajustan con cada variación del tipo de cambio. Denuncian que el atraso “rompe la seguridad jurídica y obliga a las plantas a operar en quebranto desde hace 14 meses”, afectando a las economías regionales y a la inversión en el sector.
