La medida fue tomada luego de la audiencia pública del 12 de diciembre, convocada para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, uno de los costos logísticos que paga el productor por el traslado de sus productos desde y hacia los puertos fluviales. La audiencia contó con el apoyo de los gobiernos de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
Según consta en la resolución oficial, el nuevo cuadro tarifario se actualizará anualmente. También se acordó la eliminación de las limitaciones en el coeficiente máximo a aplicar, y una bonificación especial para aquellas empresas con mayoría de capital nacional.
En un comunicado, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, señaló que “el sector de los puertos y las vías navegables fue desatendido por mucho tiempo pero ya no. Queremos nuevas reglas que aseguren la competitividad”, afirmó.
El Gobierno Nacional ya había avanzado en la regulación del servicio de practicaje (aquel que se brinda dentro del puerto para facilitar el atraque o fondeo y el zarpaje) y de pilotaje (para la navegación en canales y rías) como la limitación de la responsabilidad civil, lo que puso al práctico en igual de condiciones con el resto de los profesionales. Además, junto con Prefectura Naval, se reforzaron las medidas de seguridad de navegación, según se informó oficialmente.
Por su parte, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables Jorge Metz, destacó que “el establecimiento de una tarifa máxima en el practicaje y pilotaje es una medida que acompaña a otras como la duplicación del tamaño de los convoyes y la reducción de los costos de los servicios de lanchas, desde un promedio de u$s 14.000 a entre u$s 4.000 y 6000 actualmente. Además señaló, la carga y estiba bajó en los dos últimos años más del 50%”.
El funcionario sostuvo que “el Estado no va a regular, sino que promovemos la competencia. Con el cambio de gestión, el objetivo era lograr un consenso entre las partes, pero como no se logró, se tomó esta decisión. Estamos trabajando en bajar los costos operativos de los puertos. Empezamos por Bahía Blanca y Quequén y en febrero le toca a Zárate, y después a Dock Sud y La Plata”, adelantó. Angel Elías, presidente del Consejo Portuario Argentino y del Enapro (Ente Administrador del Puerto de Rosario) calificó a la medida como “muy positiva, ya que beneficia a la actividad naviera y a las exportaciones. El componente de practicaje “está entre los tres primeros del costo de operación portuaria, junto con el tránsito por la Hidrovía y los amarradores”, comentó Elías, y destacó que el Gobierno vino trabajando en bajar costos de remolque y amarre, y ahora el practicaje”.
En tanto, Rubén Robín, presidente de Economías Regionales de CAME, destacó que “esta decisión es muy importante porque impacta en la competitividad de los productores regionales. Argentina tuvo una caída en el uso portuario y perdió su flota mercante. Con tarifas más bajas y transparentes, la vía marítima y fluvial vuelve a ser viable, y además representa la cuarta parte del costo del transporte por camión”.
