El Gobierno Nacional intentará una nueva reforma laboral y oficializaría su anuncio tras los resultados electorales que le fueron favorables. No obstante, algunos puntos ya se han filtrado a través de fuentes directas de la propia Casa Rosada. Entre ellos:
- Eliminación de las paritarias y su reemplazo por “negociaciones libres” y directas entre empleador y empleado (sin mediación gremial).
- Limitación de la intervención y actividad de los sindicatos.
- Limitación de los juicios laborales iniciados por despidos o irregularidades laborales.
- Reducción de las tasas de interés en sentencias laborales a favor de los trabajadores.
- Digitalización y modernización de los registros laborales, de manera tal que la formalización y el registro de los contratos laborales a inscribir sea más simple y ágil.
- Revisión del régimen indemnizatorio, lo que podría llegar a interpretarse como una limitación al cobro de las indemnizaciones (al momento, sin mayores detalles).
- Incorporación de nuevas modalidades de contratación (resta saber si las mismas serán consideradas como contratos de trabajo o figuras ajenas al régimen laboral, legalizando un posible fraude al encubrir una relación de trabajo).
- Ampliación del período de prueba: actualmente es de 6 meses (mínimo) desde la última y reciente reforma hace poco más de un año. Buscarían llevarlo a más de 6 meses. No se descartan modificaciones.
Las críticas surgen de la pérdida de derechos de los trabajadores, que de todas maneras no garantizan un mayor dinamismo de la economía.
En busca de debilitar a los sindicatos (acertadamente hoy cuestionados) -excluyéndolos de las paritarias, por ejemplo- se estaría vulnerando individualmente y desprotegiendo a la parte más débil de toda relación laboral que no es nada más y nada menos que el trabajador. Al perder peso la fuerza sindical, también lo hace la fuerza individual del trabajador que queda desamparado.
