La genética desarrollada por el INTA Bordenave podría generar un impacto económico bruto de $32.564 millones por campaña a partir de su aporte a la producción ganadera. La estimación surge de un informe técnico que analizó la comercialización de semillas fiscalizadas de avena durante el ciclo 2025/2026.
El trabajo fue elaborado por Germán González, Andrea Lauric, Fernando Giménez y Agustín González, de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave, y evaluó el alcance productivo de las variedades desarrolladas por el organismo.
Según datos del Instituto Nacional de Semillas (INASE), durante la campaña se comercializaron 10,87 millones de kilos de semilla fiscalizada de avena. De ese total, los cultivares del INTA concentraron el 77%, con 8,4 millones de kilos. Los materiales de Bordenave aportaron 4,9 millones de kilos, equivalentes al 45% del mercado formal nacional.
El volumen comercializado desde Bordenave estuvo encabezado por María INTA, con 1,28 millones de kilos, seguida por Julieta INTA, con 1,07 millones; Elena INTA, con 837.000 kilos; Elizabet INTA, con 526.080 kilos; y Paloma INTA, con 488.880 kilos.
Para estimar el impacto productivo, los investigadores tomaron como referencia los 4,9 millones de kilos de semillas fiscalizadas de Bordenave y una densidad media de siembra de 70 kilos por hectárea. Ese volumen permitiría implantar unas 70.080 hectáreas, una superficie equivalente a 778 establecimientos de 600 hectáreas que destinen el 15% de su área a verdeos de invierno.
El cálculo considera un diferencial de rendimiento de 1.000 kilos de materia seca adicional por hectárea respecto de los materiales de referencia. Con ese supuesto, el aporte genético representaría 70,1 millones de kilos adicionales de forraje por campaña.
A partir de una equivalencia simplificada de 10 kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo, el informe proyecta una producción adicional de 7.008 toneladas de carne. Valorizado según la cotización de novillitos de entre 300 y 390 kilos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, en septiembre de 2026, ese volumen equivale a un valor bruto potencial de $32.564 millones por campaña.
El documento también advierte que la semilla fiscalizada representa apenas entre el 10% y el 15% del uso total de avena en el país, debido a la circulación de semilla informal. Por eso, el alcance de los cultivares desarrollados por el organismo podría superar el registrado en el mercado formal.
El desarrollo de una nueva variedad demanda alrededor de cinco años de evaluaciones agronómicas. Luego, mediante convenios con empresas semilleras, los materiales se multiplican y comercializan, con retornos para el organismo público a través del pago de regalías.