El Gobierno modificó por decreto la ley que obligaba a pagar un canon a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) por reproducir o ejecutar música en eventos de carácter privado.
De esta manera, los salones de fiesta, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso a través del Decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual.
“Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe —cualquiera que fueren los fines de la misma— en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”, sostiene el decreto. De esta manera, para la ley el ámbito privado queda completamente excluido de esta normativa.
En consecuencia, “se considerará ejecución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet”.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó el motivo de la actualización de la normativa: “La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente la prestación de los servicios”.
Los especialistas coincidieron en que la quita del impuesto tendrá un impacto positivo dentro del rubro, ya que representaba un costo “difícil” de pagar.
“Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de los salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción”, expresó María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiesta de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de este tipo de eventos podrá ser “mucho más barata” para los clientes.
“El mínimo de una reunión de cincuenta personas era de 70.000 pesos. Con la quita de este arancel, que era totalmente injusto, oneroso y discrecional, el cliente ya puede flexibilizar sus gastos”, detalló.
