El objetivo de esta decisión, que será aplicada sobre los tubos de este material que llegan desde el gigante asiático, es reducir los precios internos.
El Ministerio de Economía dispuso el cierre, sin renovación, de la medida antidumping que pesaba desde 2020 sobre las importaciones de tubos de aluminio originarias de China. La decisión quedó formalizada en la Resolución 883/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El derecho antidumping, fijado en 2020 por el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, alcanzaba con un 75,52% a las exportaciones chinas de tubos de aluminio sin alear utilizados en la industria automotriz, agroindustrial y de línea blanca.
La medida había sido objeto de un pedido de revisión por parte de la empresa Aluminium Manufacturers Express S.A. (AMEX), única productora local del bien.
Según consta en la resolución, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó que existía probabilidad de que el dumping y el daño se repitieran si se levantaba la protección.
Sin embargo, recomendó no mantener la medida por razones de interés público. El organismo sostuvo que “la continuidad de la medida podría resultar poco consistente con una política económica orientada a reducir los costos de los insumos productivos y mejorar la competitividad de las actividades manufactureras”.
La CNCE señaló además que, durante la vigencia del arancel, las importaciones chinas cayeron a niveles marginales, mientras que la producción nacional pasó a abastecer más de la mitad del consumo aparente a partir de 2022.
También advirtió sobre el “aumento” de la concentración del mercado local y sobre el impacto que la protección tuvo sobre otras industrias que utilizan tubos de aluminio como insumo, como la de artefactos de línea blanca y la automotriz.
El organismo técnico remarcó que la empresa peticionante “mejoró sus ingresos medios por ventas y su participación de mercado” durante el período de vigencia del arancel, y que su rentabilidad “se mantuvo en torno al nivel” que la propia comisión considera de referencia para el sector, lo que -según el dictamen- “dista de ofrecer un cuadro de vulnerabilidad” que justifique sostener la protección.
