A pesar de ser una de las pocas empresas estatales superavitarias, el Ejecutivo tiene preparado el decreto que abre la puerta a que capitales privados se queden con un porcentaje de ella. De todos modos, el 51 % quedaría en manos del Estado.
El Gobierno de Javier Milei se encamina al lanzamiento de un decreto que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la operadora de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La operación habilitará la venta del 49 % del paquete accionario, de los cuales un 44 % irá a licitación nacional e internacional y el 5 % restante se destinará a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El Estado conservará el 51 % y, en teoría, el control de las decisiones estratégicas, aunque la medida ya despertó quejas de amplios sectores, al abrir la puerta del sector nuclear a inversores extranjeros, que podrían tener intereses geopolíticos contrapuestos a los argentinos.
NA-SA, superavitaria, en el primer trimestre de 2025 declaró ganancias por 17.234 millones de pesos. Con una potencia instalada de 1.763 megavatios (MW), el 4,1 % del total nacional, aporta el 7,35 % de la energía del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI), gracias a la estabilidad de sus reactores.
Además, la empresa sostiene unos 3.100 empleos altamente calificados, es motor de la industria nuclear local y fue clave en proyectos estratégicos como la extensión de vida de Atucha I, con una inversión estimada en 700 millones de dólares.
En esta línea, la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lanzó un duro comunicado: “NA-SA es una empresa del pueblo argentino, superavitaria y estratégica. La tecnología nuclear no es un privilegio: es una política de Estado que impulsa a la industria y mejora la calidad de vida”.
El encargado de llevar adelante el proceso
La previa al decreto fue impulsada por Demián Reidel, presidente de NA-SA y hombre cercano a Karina Milei, que ejecutó una limpieza abrupta en la cúpula directiva: salieron los gerentes de Compras, Jurídico, Obras y Sistemas. Un movimiento leído como “despejar el terreno antes de que entren los dólares”.
Reidel, a su vez, ya adelantó las fases del nuevo Plan Nuclear Argentino:
- Fase 1: desarrollar un reactor modular SRM de 300 MW con diseño nacional, con el objetivo de instalar cuatro de ellos en el predio de Atucha 3, en un trabajo conjunto de Invap, Nucleoeléctrica, CNEA, Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (Conuar S.A.) y otros socios públicos y privados.
- Fase 2: el “modelo Gillette”: exportar uranio atado a la venta de esos reactores.
- Fase 3: atraer inversiones y data centers que demanden energía segura y constante.
La privatización no puede leerse aislada: en paralelo, Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, un recurso del que el país tiene unas 34.000 toneladas de reservas, frente a un consumo interno de apenas 220 toneladas anuales.
La ecuación es tentadora: exportar el excedente y, a la vez, consolidar una alianza estratégica con Washington en un terreno sensible como la energía nuclear. Sin embargo, el giro podría congelar proyectos emblemáticos como la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem) o las centrales nucleares IV y V, que fueron emblema de la política de autosuficiencia tecnológica.
Intentos anteriores de privatizar la energía nuclear nacional
No es la primera vez que se busca privatizar el sector nuclear. En los años 90, Carlos Menem intentó vender Nucleoeléctrica, pero la iniciativa fracasó por la resistencia sindical y el desinterés de los inversores. Hoy, el escenario parece distinto: con Milei en la Casa Rosada, Reidel en NA-SA y un acuerdo nuclear con Estados Unidos en marcha, el Gobierno apuesta a que la historia no se repita.
Para el Gobierno, abrir el capital de Nucleoeléctrica significa no sólo atraer dólares, sino que también aportará para la gestión libertaria legitimidad internacional y un sello propio para su Plan Nuclear. Pero lo hace a costa de tensar un modelo que se venía sosteniendo sobre la idea de soberanía tecnológica, ciencia aplicada y energía como política de Estado.
La pregunta que queda abierta es si la privatización parcial de NA-SA será un trampolín hacia la modernización y la inversión o el primer paso de un vaciamiento estructural de la política nuclear argentina, con costos en soberanía, ciencia y empleo calificado.
