El cierre de FATE y la instalación de un parque de baterías de litio en parte de su predio en San Fernando condensan, en pocos metros cuadrados, un cambio de época productivo. Donde hasta hace semanas funcionaba una fábrica de neumáticos que empleaba a 920 trabajadores, ahora avanzará un proyecto de almacenamiento eléctrico con tecnología importada de China. La decisión de Aluar, controlante de FATE, no es un gesto técnico: es una señal económica y política.
La compañía de Javier Madanes Quintanilla compró 12,7 hectáreas del predio por 27 millones de dólares y destinará apenas 1,1 hectáreas a un sistema de baterías de 30 MW de potencia y 150 MWh de capacidad. La inversión rondará los 20 millones de dólares y estará operativa hacia fines de 2026. El negocio surge de la licitación Alma-GBA, que adjudicó 713 MW en proyectos de almacenamiento para el área de concesión de Edenor y Edesur, donde vive casi el 40% de la población argentina.
El argumento técnico es claro: en el AMBA el consumo en verano supera los 11.000 MW mientras la generación local ronda los 7.000 MW. El resto se transporta desde otras regiones con redes saturadas y años de desinversión. Las baterías permitirán almacenar energía en horas valle (los períodos del día con menor demanda eléctrica) y volcarla en los picos de demanda, evitando cortes y reduciendo importaciones de gasoil y fuel oil, históricamente costosas para el Estado.
Sin embargo, la economía política del movimiento es más compleja. El precio que pagará Edenor por la disponibilidad del sistema será de 12.590 dólares por MW-mes, un esquema que luego se trasladará a tarifas. Traducido en términos prácticos, el negocio ofrece ingresos relativamente previsibles bajo regulación estatal. La industria del neumático, en cambio, quedó expuesta a competencia importada, costos laborales elevados y un mercado interno deprimido.
La paradoja es evidente. China aparece como actor en ambos extremos del proceso: como origen de las importaciones de neumáticos que erosionaron la competitividad local y como proveedor dominante de baterías LFP, tecnología que no se fabrica en el país. La reconversión productiva no es hacia mayor integración nacional, sino hacia un segmento energético intensivo en capital y dependiente de insumos externos.
La economía nacional, de las fábricas al negocio de la energía
El giro estratégico de Aluar no se limita a este proyecto. La empresa opera un parque eólico en Puerto Madryn con 245,8 MW habilitados y amplía otros 336 MW con inversiones estimadas en 400 millones de dólares. Su consumo de aluminio se apoya en la central hidroeléctrica Futaleufú, cuya concesión vence en 2026. El grupo amplía así su perfil energético mientras reduce exposición a actividades manufactureras más volátiles.
En términos macroeconómicos, la señal es contundente. La Argentina necesita infraestructura eléctrica y almacenamiento. Pero también necesita empleo industrial y cadenas de valor. El plan económico vigente prioriza apertura comercial y disciplina fiscal. El resultado es que el capital se desplaza hacia sectores regulados con retornos más previsibles, mientras la producción intensiva en trabajo pierde terreno.
Más que un problema ideológico, se trata de un asunto de incentivos. Cuando fabricar neumáticos en el país resulta menos atractivo que vender disponibilidad de energía bajo contrato, el mensaje trasciende a una empresa. Habla de un modelo que reorganiza prioridades productivas, y mientras el mercado eléctrico se fortalece, la industria tradicional se repliega.
El predio de FATE sintetiza esa transición. En una porción mínima del terreno se instalarán baterías de última generación. En el resto, queda el silencio de una planta ocupada por trabajadores que esperan una resolución.
