La iniciativa propone exenciones impositivas, suspensión de embargos y un plan especial de regularización para comercios y empresas damnificadas por el temporal de marzo de 2025.
Un grupo de diputados provinciales de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para declarar el Estado de Emergencia y Reactivación Económica, Productiva, Comercial e Industrial en el partido de Bahía Blanca, con el objetivo de brindar alivio a las pymes afectadas por la inundación de marzo de 2025.
La iniciativa, impulsada por Oscar Liberman junto a otros legisladores del bloque, contempla una serie de medidas fiscales y financieras destinadas a productores, comercios, prestadores de servicios y pequeñas y medianas empresas que acrediten daños en sus instalaciones o una reducción significativa de su actividad.
Entre los principales beneficios se incluyen la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros seis meses y del 50% en el semestre siguiente, además de la eliminación del Impuesto Inmobiliario para los inmuebles afectados y la exención del Impuesto de Sellos en contratos vinculados con la reconstrucción o el acceso al crédito.
El proyecto también establece que las empresas con saldos a favor en Ingresos Brutos podrán utilizarlos automáticamente para cancelar otras obligaciones tributarias provinciales, sin retenciones previas por parte de ARBA.
En materia financiera, propone suspender durante un año los nuevos juicios de apremio, embargos y otras medidas cautelares, además de crear un régimen especial para regularizar deudas con seis meses de gracia, actualización por IPC y sin multas ni intereses punitorios.
La propuesta incluye además la prórroga automática de habilitaciones y registros provinciales necesarios para el funcionamiento de las actividades alcanzadas, así como la creación de una Ventanilla Única de Emergencia Climática para agilizar los trámites.
El proyecto surge luego de los reclamos planteados por comerciantes y pymes de Bahía Blanca durante un encuentro realizado a comienzos de junio, en el que solicitaron medidas concretas para enfrentar las consecuencias económicas que dejó la inundación.
