El Gobierno nacional avanzó con la implementación del RIMI, una herramiento para impulsar las inversiones de pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno de Javier Milei dio inicio formal al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). Con la firma de presidente, Luis Caputo y Manuel Adorni, el Decreto 242/2026 avanzó con la reglamentación que busca generar un clima más favorable para proliferación de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en medio de un escenario de cierres.
En concreto, el RIMI establece la normativa necesaria para que los inversores medianos y pequeños del sector MiPyME de hasta el Tramo 2 inclusive puedan acceder a exenciones impositivas referidas a la amortización de Ganancias y la devolución del IVA. La medida apunta especialmente a las inversiones destinadas al sector agropecuario y energético, aunque puede ser acogida por cualquier otro sector que se adecúe a los requisitos.
Al igual que en el caso del RIGI, la normativa está orientada al fomento de inversiones en sectores específicos del entramado productivo nacional. Es por esto que será complejo que los efectos del RIMI puedan alcanzar al sector Pyme industrial, el más golpeado de la era Milei en lo que refiere a su evolución, más allá de que formalmente no tiene ninguna restricción.
Cuáles son los montos mínimos de inversiones
Según la Ley 27.802, el RIMI establece montos mínimos de inversión para que se habiliten los beneficios fiscales asociados. De esa manera, las Pymes interesadas deberán alcanzar determinadas cifras según su tamaño y condición, una lógica similar a la que persigue el RIGI, donde se demanda inversiones por encima de los 200 millones de dólares.
Por su parte, las medianas del Tramo 1 comenzarán a acogerse al RIMI en inversiones que partan de los 3.5 millones de dólares. En el caso de las empresas del Tramo 2, la inversión mínima es de 9 millones de dólares según establece la normativa. Cabe destacar que no existe un tope de inversión ni un cupo presupuestario definido por ley. Las inversiones deben cumplirse dentro de los 2 años desde la sanción de la ley y la publicación de la normativa por parte de ARCA, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Energía.
La situación de las PyMEs actualmente
La realidad Pyme envuelve uno de los datos más complejos que maneja el seno del Gobierno. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la caída de empresas durante la administración libertaria superó las 22.600, siendo más del 99% de los casos empresas pequeñas y medianas.
Si bien muchas de esas empresas cerraron por ciclos “naturales” y otras por arrastre de la crisis económica extendida, las políticas económicas enfocadas en el sector primario y las grandes inversiones postergaron las urgencias de las Pymes, que constituyen la principal fuente de empleo en Argentina. Ese escenario derivó en el peor resultado referido desde 2003 para los primeros 25 meses de un Gobierno.
