La medida, impulsada por la oposición al gobierno de la provincia de Neuquén, tiene como finalidad atenuar los beneficios extraordinarios de las empresas hidroeléctricas y con ello crear un fondo para reducir tarifas, dar créditos y realizar obras estratégicas.
Legisladores de los bloques MPN, Cumplir, Juntos y JxC NQN-UCR presentaron un proyecto de ley que busca cobrar un canon por el uso y aprovechamiento del agua para la generación de energía eléctrica.
Con lo recaudado, la iniciativa propone crear un fondo que se destinará a subsidios para la tarifa eléctrica, créditos blandos con tasas subsidiadas, obras de saneamiento y defensas costeras, proyectos de infraestructura básica para municipios y compras de elementos que contribuyan a la eficiencia energética en edificios públicos.
El proyecto designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Recursos Hídricos y plantea que los establecimientos comerciales e industriales beneficiados con subsidios deberán invertir en paneles solares o tecnologías para eficiencia energética.
A la vez, define la asignación de recursos a municipios según la ley de coparticipación 2148 y la cantidad de habitantes y establece la obligación de presentar informes detallados sobre los fondos distribuidos, incluyendo obras proyectadas, montos asignados y plazos de ejecución.
Los fundamentos consideran a la iniciativa como “un acto de estricta justicia y reparación” que tiene como objetivo “atenuar la desigualdad existente entre los beneficios obtenidos por las empresas hidroeléctricas y el consiguiente perjuicio directo que repercute en el medio ambiente, economía y calidad de vida de los neuquinos”.
En esa línea, toman como referencia el artículo 124 de la Constitución Nacional que determina que los recursos naturales existentes en su territorio son de dominio originario de las provincias y destacan que Neuquén es la provincia que realiza la contribución más importante a nivel nacional en materia energética, por la explotación de sus recursos naturales.
En otro tramo, mencionan que las represas se construyeron con el principal objetivo de regular el agua de los ríos para evitar el impacto de las crecidas y garantizar reservas en épocas de sequía; y remarcan que la generación de energía eléctrica era un objetivo secundario.
“Con el transcurso del tiempo, aquel valioso fin se ha desvirtuado y actualmente asistimos a una actividad muy prolífica para las empresas concesionarias de las represas que obtienen enormes ganancias derivadas de la explotación del recurso neuquino, mientras que la población no ve beneficio alguno y muchas veces hasta se ve afectada por las decisiones que se adoptan para garantizar provisión de energía a la Ciudad de Buenos Aires y centros urbano más poblados de la Argentina, durante los picos de consumo estacionales”, exponen.
El proyecto (16401) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de febrero y lleva las firmas de Claudio Domínguez, Gerardo Gutiérrez, Cielubi Obreque, Gabriel Álamo, Paola Cabeza, Ludmila Gaitán, Patricia Fernández, Ramón Fernández, Daniela Rucci y Juan Sepúlveda (MPN); Alberto Bruno y Cecilia Papa (Cumplir); Carina Riccomini (Juntos) y César Gass (JxC NQN-UCR).
