El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.
Fuentes oficiales informaron que el articulado del proyecto ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.
También atiende uno de los viejos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.
Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.
La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.
En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.
Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.
Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.
