La plataforma, desde entonces, cerró unas 940.000 cuentas mediante sus sistemas internos (no a petición de instituciones gubernamentales y autoridades). Solo este semestre del año, según los datos facilitados, se han cerrado unos 299.649 perfiles por este motivo.
Datos de un 20% por debajo de los vetos impuestos el pasado año. Twitter ha apuntado que el 96% de esas cuentas se identificaron a través de sus propias herramientas internas, logrando así darle un cierto control a los usuarios para denunciar actitudes fuera de lugar. Tan solo el 1% de estas suspensiones se realizó después de recibir una solicitud de las autoridades.
Es decir, la compañía considera que sus controles internos le permitieron eliminar cuentas utilizadas para la promoción del terrorismo, antes de que se produjera una petición oficial. Combatir el delito antes que sea tipificado.
Tres cuartas partes de esas cuentas se borraron antes de publicar su primer tweet, un dato que extraña realmente. En cuanto a su procedencia, el informe presentado por la compañía recoge que en torno al 90% de las solicitudes de expulsión procedían de países como Turquía, Rusia, Francia y Alemania. Es más, Turquía es el país más activo, ya que representa el 45% de las solicitudes mundiales.
La conocida firma del pajarito azul, que alberga a 328 millones de usuarios en todo el mundo, señaló que la decisión de borrar todas esas cuentas se debe a que éstas hacían apología del terrorismo, entendido esto como aquellos perfiles que promueven activamente o incitan a la violencia asociada con organizaciones reconocidas como terroristas.
Al igual que otras compañías tecnológicas como Facebook o YouTube, Twitter ha estado en la mira de las autoridades como consecuencia de su actitud pasiva para hacer frente a esta problemática. El cibercrimen y la captación de “soldados digitales” se llevó al terreno de las redes sociales, ya que estos grupos intervienen en este tipo de servicios tan populares para comunicarse entre ellos y ensalzar su lucha.
Dada la alta dependencia de sistemas algorítmicos para detectar el contenido problemático, la mayoría de compañías de Internet, no acertó de lleno a la hora de establecer la medida óptima para la propagación de los mensajes de odio. Y en esa lucha también intervinieron gobiernos de Estados Unidos y Europa, que presionaron a las empresas tecnológicas en los últimos tiempos para que endurezcan sus medidas contra la “radicalización online”, sobre todo, entre grupos islamistas.
