Mediante la firma de la Adenda 12 se logrará establecer el envío inmediato de 250 millones de dólares para reactivar una de las principales obras financiadas por Beijing fuera de su territorio.
El Gobierno nacional dio el visto bueno a la suscripción de la Adenda 12 con China, un paso decisivo para reactivar el esquema de financiamiento de las represas de Santa Cruz, la iniciativa hidroeléctrica que comenzó durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. La medida permite el giro inmediato de aproximadamente USD 250 millones por parte de Beijing y se enmarca en un escenario internacional marcado por la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y el gigante asiático.
Después de años de parálisis, renegociaciones y tensiones diplomáticas, el Poder Ejecutivo finalmente decidió reactivar un proyecto que excede lo energético: es una pieza central del vínculo financiero y geopolítico entre Argentina y China.
La definición llega en un contexto internacional cargado. Este martes, en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, Donald Trump volvió a poner el foco en la necesidad de reducir la expansión global china. En paralelo, su secretario de Estado, Marco Rubio, inició una gira por el Caribe con el objetivo explícito de limitar la presencia del gigante asiático en el hemisferio.
De esta manera, la Adenda 12 redefine las condiciones financieras del contrato original, contempla los mayores costos derivados de desplazamientos geológicos detectados en el terreno y habilita el reinicio pleno de la construcción. En paralelo, se acordó el reconocimiento de aproximadamente 250 millones de dólares a favor de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) constructora, en concepto de sobrecostos acumulados durante los años de inactividad.
La Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada del proyecto está conformada por la compañía estatal china China Gezhouba Group junto a las argentinas Eling Energía y Hidrocuyo, presentes desde el arranque de la obra. En las últimas semanas surgieron especulaciones acerca de un eventual retiro de los socios locales y de una posible concentración del control en manos de la empresa asiática.
Desde el entorno de la negociación explicaron que el texto que se encuentra en etapa de firma corresponde a un memorando de entendimiento que formaliza el reconocimiento de los desplazamientos geológicos detectados en el área, define el mecanismo de compensaciones económicas y contempla la opción de revisar la estructura societaria en 2026, algo frecuente en desarrollos de esta magnitud. De acuerdo con esas fuentes, no hay disposiciones que impongan de manera automática la salida de compañías argentinas ni decisiones tomadas sobre la incorporación inmediata de nuevos actores.
Más allá de las cuestiones técnicas y contractuales, el avance del acuerdo también tiene lectura política. Para Beijing, las represas representan un proyecto insignia dentro de su estrategia global de financiamiento de infraestructura. Para la Argentina, la reactivación se concreta en un escenario de creciente rivalidad entre Estados Unidos y China por influencia en América Latina, lo que otorga a la iniciativa energética una dimensión geopolítica adicional.
