Una investigación realizada junto al diario Milenio desveló que en 2015 al menos nueve gasolineras comercializaban ilegalmente el hidrocarburo que originalmente había sido donado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al Gobierno del Estado de México, entre otras instituciones.
Los datos surgen de informes de Pemex a los que tuvo acceso MCCI y que muestran que cinco de las estaciones de servicio señaladas pertenecen al Grupo Hidrosina Plus, conformado por 24 empresas en las que participan como accionistas los hermanos William, Gabriel y Paul Karam Kaasab.
Estos accionistas, de acuerdo con la organización no gubernamental, “se han asociado en este negocio con empresarios de todo el país vinculados con personajes de la política de distintos partidos”.
Las otras cuatro gasolineras señaladas, identificadas en el reporte confidencial como Grupo Tecpex, pertenecieron a Hidrosina antes de ser investigadas por Pemex en 2015 y hoy vuelven a formar parte de ese consorcio.
Cabe saber que desde 2007, Pemex otorga cada año donaciones de asfalto y combustible -gasolina y diésel- a Gobiernos estatales y municipales.
La prioridad de estas donaciones son los estados con presencia de la industria petrolera, y se otorgan a través de convenios de “licencias sociales”, que es un nombre que se le dio para atender posibles conflictos sociales surgidos de la actividad extractiva.
En documentos oficiales obtenidos por MCCI consta que, entre 2013 y 2018, Pemex donó combustibles con valor de 6.285 millones de pesos (328 millones de dólares), un promedio de 1.047 millones de pesos al año (56 millones de dólares).
En 2015 fue cuando la petrolera descubrió que algunas entidades a las que les daba una donación no justificaban de manera adecuada el uso del combustible que habían recibido, registrándose irregularidades en algunos estados del país.
Ejemplo de ello es el caso del Gobierno del estado de Veracruz, entonces liderado por el hoy preso Javier Duarte, el cual no pudo comprobar el uso del combustible que recibió en donación, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un posible daño al erario de más de 50 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares).
También los estados de Oaxaca y Tamaulipas estuvieron involucrados, de acuerdo con el informe del organismo fiscalizador.
En 2015, en esos tres estados se desviaron 13,4 millones de litros de gasolina y diésel que habían sido donados a los respectivos Gobiernos.
El descubrimiento de esta red emerge en mitad de un pulso que el nuevo Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha decidido echar al huachicoleo (actividad ilegal que consiste en el robo y venta de combustible).
Para ello, desde finales de diciembre de 2018 se decidió poner más vigilancia sobre los ductos de hidrocarburo y cambiar el modelo de distribución a uno en que la gasolina es trasladada mediante pipas (camiones cisterna).
La investigación que divulga MCCI busca poner de manifiesto que el huachicoleo no es un acto delictivo exclusivo de entidades criminales o de personas en situaciones de pobreza, sino que involucra en distintos niveles a los responsables de entidades gubernamentales que eran partícipes de las pérdidas de dinero público.
