Además se dispuso que las facturas a usuarios por la prestación del servicio público de electricidad, “deben detallar la información necesaria y suficiente que permita constatar el valor de las magnitudes consumidas, el período al cual corresponde, los precios unitarios y las cargas impositivas”. Esta nueva resolución apunta a que los usuarios paguen sólo por lo que han consumido.
Según esta reglamentación, del artículo 78 de la Ley N° 11.769, la incorporación de conceptos ajenos al consumo de energía, queda “sujeta a la autorización individual del usuario, ya que según esta resolución tampoco se permite que figure en la facturación, conceptos ajenos a la prestación del servicio, ni adicionales, sin la previa aprobación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires”.
Con el fin de consolidar una nueva política energética por parte del gobierno y las provincias, se llegó a esta resolución, donde se propusieron generar estructuras tarifarias simples, para que los usuarios estén correctamente informados acerca de lo que están abonando y posean una clara definición del servicio prestado. La finalidad es la “protección” al consumidor, y despejar las dudas a la hora de pagar.
En varios municipios, los adicionales que se agregaban a las facturas, tenían varias funciones, como por ejemplo, financiar a los bomberos voluntarios, transporte, educación o seguridad. Tampoco las cooperativas que distribuyen energía para sus socios en determinados servicios podrán agregar los adicionales a la factura.
