El freno de la actividad económica se puede observar a través de distintas variables. Más allá de lo que puedan reflejar las cifras sobre su evolución mes tras mes, hay otros datos que dan cuenta de las dificultades que atraviesa la denominada economía real.
Uno de ellos es el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un recurso que las compañías le solicitan a la Secretaría de Trabajo para poder, por ejemplo, avanzar en despidos, suspensiones, reducción de salarios o achicar costos de indemnizaciones, bajo la justificación de que la firma atraviesa serios problemas. En el actual contexto, son 238 las compañías que solicitaron a la Secretaría de Trabajo la apertura de un PPC en el tiempo que lleva gobernando Javier Milei.
La lista de empresas que pidieron acudir a esa herramienta es muy extensa. De esas 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión libertaria, mientras que las 99 restantes se hicieron entre enero y mediados de agosto de 2025.
Las cifras son relevantes si se tiene en cuenta que son las más elevadas desde 2020, cuando por la pandemia se solicitaron 498 procedimientos. En ese sentido, entre 2021 y 2023, se tramitaron menos de 60 por año.
El Procedimiento Preventivo de Crisis debe tramitarse antes de comunicar despidos, suspensiones o reducciones de la jornada laboral y debe ser justificado por “razones de fuerza mayor”.
Es decir, se debe demostrar, a través de balances y otros documentos, fuertes pérdidas de rentabilidad que demuestren la necesidad de tomar esas medidas. Además, prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno para acordar los detalles de las decisiones a aplicar.
De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de “guarda temporal”, o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite.
Las empresas que se encuentran al borde de quebrar
Entre las empresas que solicitaron el PPC ante la cartera laboral hay desde grandes marcas hasta firmas menos conocidas, e incluyen diversos sectores que van desde consumo masivo hasta la industria, el transporte y la energía, solo por mencionar algunos.
En 2024, entre los casos más conocidos están los fabricantes de neumáticos Fate y Bridgestone. En ese momento, las firmas alegaron que sufrieron una caída considerable de sus exportaciones y problemas por falta de competitividad. Se sumó el conflicto que se desarrolló en 2022 y que, según un comunicado de Bridgstone en ese entonces, provocó “una pérdida de confianza corporativa, que generó la transferencia del volumen de exportación de la Argentina a otras plantas de la región”.
Este año también se presentaron la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos; la cerealera Vicentín; las empresas lácteas Sancor y Verónica; y uno de los principales productores de trigo y soja: Los Grobo.
En varias de esas compañías coincidieron en que sus dificultades se explican por un contexto de caída de ventas, falta de competitividad y aumento de costos. Algunas incluso mostraron problemas financieros más sensibles, como cadenas de pagos interrumpidas y cheques rebotados acumulados.
Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, también hizo un pedido de PPC. De acuerdo con lo expresado por la empresa, se acudió a ese instrumento a través de una de sus plantas y se decidió desestimar internamente esa alternativa, aunque en los papeles de la Secretaría de Trabajo todavía figura “en trámite”.
Además, en el listado aparecen dos empresas públicas. La primera es la Casa de Moneda, que solicitó el procedimiento y se encuentra en estado de “tramitación con dictamen observado”. El pedido se inició como parte del proceso de intervención que se dispuso en octubre de 2024 y que, a fines de agosto, se prorrogó por otros 120 días.
Para justificar esa decisión, el Ejecutivo expresó que la Casa de Moneda presenta un “deterioro en su estructura” y que atraviesa una “crisis financiera”. A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aclaró que se realizará un traspaso del personal y de los bienes muebles.
La segunda empresa que funciona bajo la órbita del Estado y que pidió el procedimiento preventivo de crisis es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tiene a su cargo la administración y operación de los medios públicos.
En febrero de 2024 se dispuso su intervención. Oficialmente, se argumentó que, “a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”. En 2025, esa disposición se prorrogó por un año.
