La iniciativa establece la prohibición de vender tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras cuando incluyan o limiten directamente con recursos naturales estratégicos, como ríos, acuíferos, lagunas, humedales y bosques nativos, o se encuentren dentro de áreas protegidas.
Además, dispone la prohibición total de adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y empresas que cuenten con participación estatal extranjera.
En cuanto a las personas físicas y jurídicas extranjeras, el proyecto establece límites a la titularidad y posesión de superficies rurales. Para determinar esos máximos, toma como referencia los parámetros de productividad de cada zona, de acuerdo con las Unidades Económicas Agrarias establecidas en la Ley Provincial 468. De esta manera, las extensiones permitidas oscilarían entre las 1.000 y las 20.000 hectáreas, según la ubicación del inmueble.
La propuesta también fija un tope de extranjerización del 15% de las tierras rurales, tanto a nivel provincial como departamental, y establece que una misma nacionalidad no podrá superar el 30% de ese porcentaje. El objetivo es evitar la concentración de propiedades extranjeras en determinados departamentos, especialmente en aquellos que cuentan con acuíferos o tierras de mayor productividad.
Excepciones para residentes extranjeros
El proyecto contempla excepciones a las restricciones de superficie para determinadas personas de nacionalidad extranjera. Quedarán exceptuadas quienes acrediten 10 años de residencia continua y permanente en el país; quienes tengan hijos argentinos y demuestren al menos cinco años de residencia; y quienes estén casados o mantengan una unión convivencial con una persona argentina desde hace un mínimo de cinco años, además de acreditar igual período de residencia en el territorio nacional.
También se incorpora un supuesto especial para extranjeros naturalizados ciudadanos por inversión, quienes podrán adquirir tierras rurales sin las limitaciones de superficie previstas, siempre que acrediten dos años de residencia continua ante el Registro Provincial de Tierras Rurales.
Fundamentos y antecedentes
La iniciativa se sustenta en las competencias provinciales no delegadas al Gobierno federal, particularmente las vinculadas con el uso del suelo y el dominio originario de los recursos naturales. En ese sentido, se apoya en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
A su vez, encuentra respaldo en los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, que establecen la responsabilidad del Estado en la preservación ambiental, reconocen la función social de la propiedad y subordinan su explotación a la conveniencia de la comunidad.
El proyecto toma como antecedente la derogada Ley Nacional 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y busca conformar un sistema de regulación y control provincial ante la falta de una normativa nacional vigente.
La propuesta también recoge experiencias de otros países que cuentan con restricciones o prohibiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre ellos se mencionan Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Austria, Hungría, Australia, Nueva Zelanda, China y Tailandia.