La Red de Manejo del Fuego Rural planteó ante el Senado de la Nación la necesidad de modificar la normativa vigente, argumentando que las restricciones actuales desalientan las denuncias y perjudican a los propietarios afectados sin beneficios ambientales probados.
En un paso clave para la discusión legislativa, la Red de Manejo del Fuego Rural (RMFR) presentó ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado su postura técnica sobre las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (N.º 26.815). Estas reformas se encuentran integradas en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Desde la entidad, que nuclea a diversos consorcios de manejo del fuego del país, aclararon que la propuesta no busca una flexibilización de las normas ambientales. Por el contrario, el objetivo es corregir distorsiones del régimen actual que han provocado consecuencias jurídicas y económicas negativas sin lograr una disminución real de los siniestros.
El foco del cuestionamiento recae sobre la Ley N.º 27.604, la cual introdujo restricciones automáticas al uso del suelo tras un incendio, sin considerar el origen del fuego ni las circunstancias particulares de cada caso. Según la Red, este sistema termina castigando a los propietarios, tratándolos como culpables a pesar de ser ellos mismos víctimas del fuego.
Entre los efectos contraproducentes de la normativa vigente, se destacan:
—Falta de eficacia: no se ha demostrado que estas medidas reduzcan la cantidad de incendios.
—Desincentivo a la denuncia: el temor a las restricciones automáticas desalienta a los productores a reportar los siniestros.
—Impacto económico: se generan efectos desproporcionados sobre el valor de las tierras afectadas.
La reforma propuesta mantiene sin cambios la protección de los bosques nativos, bajo los lineamientos de la Ley Nº 26.331.
La modificación apunta específicamente a eliminar las restricciones generalizadas que hoy pesan sobre las tierras productivas sin un sustento técnico claro.
Uno de los puntos más controvertidos son los plazos de restricción de uso del suelo, que actualmente pueden alcanzar los 30 y 60 años. La Red advirtió que no existe evidencia científica que respalde estos tiempos de forma generalizada, ya que la recuperación de cada ecosistema varía y, en muchos casos, los plazos son menores. Además, señalaron que el régimen actual genera una notable pérdida de valor de los activos e incertidumbre para la inversión.
Hacia una gestión integral
Para los especialistas, la discusión sobre los incendios rurales debe ir más allá de las restricciones de uso. Abogan por una política de gestión integral que contemple la prevención, detección temprana, ataque rápido, control y una correcta identificación de responsabilidades y causas.
Finalmente, la Red de Manejo del Fuego Rural concluyó que esta reforma es una oportunidad para alinear la ley con los principios básicos del derecho, asegurando que la protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto.
Fuente: https://afoa.org.ar/red-de-manejo-del-fuego-rural/