Las principales cadenas agrícolas de la Argentina plantearon avanzar hacia la eliminación de las retenciones, un reclamo histórico del sector. Para conseguirlo proponen una ley que establezca un cronograma concreto y brinde previsibilidad a los productores.
El planteo fue realizado por la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) y la Asociación de Trigo Argentino (Argentrigo), durante su tradicional encuentro de fin de año en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que contó con la presencia del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
En el discurso de cierre, el presidente de Maizar, Luis Urriza, reconoció los avances del Gobierno nacional en la reducción de los derechos de exportación, aunque advirtió que el esquema actual todavía permite volver a incrementar las alícuotas. Por eso, solicitó que el Poder Ejecutivo impulse una ley en el Congreso que establezca el camino hacia la eliminación de las retenciones, con fechas y porcentajes definidos.
Las entidades también convocaron a provincias y municipios a acompañar ese proceso, evitando que las reducciones impositivas nacionales se compensen con nuevos gravámenes locales. Además, reclamaron inversiones para mantener los caminos rurales.
Otro de los ejes fue el desarrollo de los biocombustibles. Las cuatro cadenas pidieron avanzar con la aprobación en Diputados del proyecto de ley, incorporando mayores porcentajes de corte de bioetanol y biodiésel, de acuerdo con lo aprobado por el Senado.
En materia productiva, propusieron una ley nacional que establezca requisitos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, basada en evidencia científica y que brinde previsibilidad tanto a los productores como a las comunidades cercanas.
Por otro lado, las entidades reclamaron ampliar las líneas de crédito público a diez años para la compra de equipamiento y el desarrollo de infraestructura agropecuaria, con el objetivo de acompañar inversiones de largo plazo.
A su vez, impulsaron una ley de nutrición de suelos que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas para recuperar los nutrientes extraídos y mejorar la capacidad productiva. Urriza advirtió que actualmente los suelos reciben menos nutrientes de los necesarios, una situación que vinculó con la relación entre el precio de los granos y el costo de los insumos, afectada por los derechos de exportación.
Las exigencias ambientales de los mercados internacionales también formaron parte de la agenda. Frente a las regulaciones de la Unión Europea, las cadenas propusieron proteger los datos de los productores y continuar las negociaciones para que la Argentina sea reconocida como un país de bajo riesgo. También reclamaron que los requisitos ambientales se apoyen en evidencia científica y contemplen prácticas locales como la siembra directa, las rotaciones y la captura de carbono en los suelos.
En cuanto a la propiedad intelectual de las semillas, solicitaron que la mesa de trabajo convocada por el Gobierno alcance un acuerdo que incentive las inversiones en tecnología y garantice el acceso de los productores a las innovaciones.
Por su parte, Iraeta manifestó expectativas de alcanzar una solución definitiva sobre este tema y señaló que las negociaciones avanzaron hacia algunos puntos de acuerdo.
Respecto de las exigencias europeas vinculadas con la certificación de productos libres de deforestación, explicó que la adhesión a las plataformas disponibles depende de los productores y que el Gobierno conformó un directorio para facilitar la identificación de las herramientas existentes.
Finalmente, Urriza propuso transformar los reclamos en una agenda de trabajo para 2027, con participación del Gobierno nacional y las provincias, prioridades concretas, responsables y plazos de cumplimiento.