Funcionarios del Gobierno de La Pampa se reunieron el martes con diputados y sectores ruralistas en una mesa de negociación para acordar la implementación de la Ley de Plaguicidas. Pero antes de que el evento finalizara los ruralistas se retiraron del Salón de Acuerdos.
La reunión fue organizada por el Ministerio de la Producción a las 10. Anteriormente, la Mesa de Enlace provincial le había pedido al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, una audiencia para solicitar que se derogue o se suspenda la ley, que por el momento no fue reglamentada ni puesta en marcha.
La denominada “Mesa del Agro” fue integrada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), CREA, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa, la Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa, la Asociación Civil de Profesionales Agropecuarios y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios. Estas entidades ruralistas de la provincia dijeron que la puesta en marcha de la ley perjudicará la producción, atentará contra la propiedad privada y “criminaliza” a los productores.
Fernanda González, la ministra de la Producción, había ratificado antes de entrar al encuentro que la ley se implementará, ya que el gobierno está abierto a discutir la reglamentación, pero no a dar marcha atrás en la ley.
En el documento que leyeron durante la reunión se escuchó: “Declaramos un firme rechazo a la implementación de la Ley 3.288 por los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen”. También explicaron que “en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fructuoso trabajo realizado para la actualización de la Ley 1.173, en la que participaron referentes de entidades públicas y privadas”.
Por otro lado, añadieron que “durante su tratamiento legislativo, se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, lo que incluyeron serios y fundados argumentos” y que “la falta de aporte técnico en su evaluación y tratamiento hace que, al día de hoy, la Ley 3.288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos“.
También se acusó a la ley de “incrementar hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente; atentar contra el derecho de la propiedad privada que está amparado por la Constitución nacional y provincial; criminalizar la actividad agropecuaria; impactar fuertemente en los productores agropecuarios, muy especialmente en los de menor infraestructura agroindustrial”.
Cerraron el documento declarando que “Por todo lo manifestado, las entidades firmantes rechazan el tratamiento de la implementación. Advierten acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación de la Ley 3.288. Y se compromete, como lo hemos hecho cada vez que se convocó, a trabajar en una nueva ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de nuestra querida provincia”.
Antecedentes
La Cámara de Diputados sancionó el 30 de noviembre del 2020 la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que establece una distancia de fumigación de 3.000 metros por aire y 500 metros por tierra de los espacios urbanos, entre otros puntos controvertidos. La reglamentación y, por lo tanto, la implementación de la ley se demoró en el tiempo. Ahora, cuatro años después, el gobierno pretende avanzar.
