El Gobierno finalmente reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pero no todos los puntos entrados en debate lograron ser parte de la normativa. Qué es lo que reclaman las pymes industriales.
En busca de las inversiones que motoricen la economía, el Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para empresas de sectores estratégicos. En ese marco, las pymes industriales se mostraron en alerta por las pocas obligaciones que tendrán las compañías que adhieran al régimen.
Durante el debate en el Congreso, los legisladores incluyeron un artículo para que el 20 % de las inversiones esté destinado a proveedores locales. Antes de la publicación de la reglamentación, que salió el viernes pasado en el Boletín Oficial, la Unión Industrial Argentina (UIA) había alertado que de la letra chica iba a depender si en la práctica se terminaría cumpliendo el espíritu de la ley.
En un reciente informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), una de las preocupaciones centrales del sector es el efecto del RIGI debido a que su reglamentación “no garantizó una integración nacional en insumos y bienes de capital argentinos, que empuje a la producción nacional”, según se lamentó Daniel Rosato, quien preside la institución.
Consultadas sobre qué efecto consideran que tendrá el RIGI en la situación de las pymes, el 43,3 % consideró que no cambiará la situación actual; pero el 38,5 % aseguró que “empeorará” la situación de las empresas. Sólo un 18,3 % se mostró confiado en que las inversiones a través del nuevo sistema mejorará su producción.
“Queda claro que las empresas que no tienen vinculación directa con las inversiones que lleguen a través del RIGI, que afectará especialmente a los sectores de la energía y la minería. Tampoco esperan que el impacto derrame sobre mejoras de la actividad en general. El problema se agrava en las fábricas que integran la cadena de proveedores porque temen que las condiciones de la nueva ley hagan optar a los inversores por comprar maquinaria e insumos del exterior, lo que significará, además, la importación de mano de obra”, manifestó Rosato.
Cómo estará controlado el RIGI
La letra chica dejó establecido que la autoridad de aplicación del RIGI será el Ministerio de Economía. Sin embargo, hay varios cargos por crearse. Bajo el ala del ministro Luis Caputo, se crea el Comité Evaluador de Proyectos, que estará integrado por secretarios del Poder Ejecutivo, a definirse. Además, la ley establece que se creará un Panel RIGI para que cada proyecto pueda tener un mecanismo de solución de conflictos particular. Serán tres profesionales elegidos por concurso público.
Sobre las sanciones por incumplir el capítulo de desarrollo de proveedores, la reglamentación no deja nada definido. Asegura que deberá darse la “devolución del monto indebidamente aprovechado”, algo difícil de estipular, y se aplicará una multa o apercibimiento según el criterio que considere la autoridad de aplicación.
