La medida busca luchar contra la obsolecencia programada, y a la vez reducir la cantidad de residuos electrónicos que se generan.
A partir del año próximo, los teléfonos celulares vendidos en la Unión Europea deberán contar con baterías fácilmente extraíbles y reemplazables por el usuario, en una medida que obligará a los fabricantes a modificar el diseño de sus dispositivos.
La normativa establece que el cambio de batería deberá poder realizarse con herramientas básicas o provistas gratuitamente por las propias empresas, lo que implica el abandono de los diseños sellados que dominaron el mercado en los últimos años.
La decisión apunta a combatir el crecimiento sostenido de los residuos electrónicos y a revertir la reducción en la vida útil de los dispositivos, una tendencia que se profundizó con la consolidación de modelos difíciles de reparar.
El reglamento, que entrará en vigencia el 18 de febrero de 2027, obliga a que cualquier usuario pueda reemplazar la batería sin conocimientos técnicos avanzados, utilizando herramientas comunes como un destornillador o elementos específicos incluidos sin costo adicional.
Un cambio a favor del usuario
El cambio implicará una transformación en la industria tecnológica, que durante años avanzó hacia diseños compactos y cerrados, conocidos como unibody, donde acceder a componentes internos requería equipamiento especializado o intervención técnica.
Además de los teléfonos móviles, la normativa alcanzará a otros dispositivos electrónicos como tablets, computadoras portátiles, auriculares, pequeños electrodomésticos y vehículos de movilidad personal, como bicicletas y monopatines eléctricos.
Para garantizar la disponibilidad de repuestos, los fabricantes deberán ofrecer baterías durante varios años posteriores a la compra del producto, lo que busca facilitar la reparación y evitar el reemplazo prematuro de equipos.
Las nuevas baterías también deberán incorporar un código QR vinculado a un “pasaporte digital” que incluirá información sobre su composición, durabilidad y opciones de reciclaje, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y promover prácticas más sostenibles.
El sector contará con un período de transición para adaptar sus procesos de producción y diseño, aunque una vez en vigor, todos los dispositivos comercializados en el bloque deberán cumplir con estas condiciones sin excepciones. Estas medidas podrían llegar a implementarse en el mercado a nivel global, aunque no está confirmado.
La medida forma parte de una política más amplia impulsada por la Unión Europea, que ya incluyó iniciativas como el cargador universal (pasaron a usar la ficha USB tipo C para estandarizar el sistema), y dejar el formato “lightning” que estaba desde el Iphone 8. Además de etiquetas de eficiencia y reparabilidad, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fortalecer el derecho a reparar.
