Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gasto público consolidado se redujo en alrededor de 7 puntos del PBI. Sin embargo, una parte importante de ese ajuste tuvo como objetivo alcanzar el equilibrio fiscal, mientras que una proporción menor permitió compensar la reducción de impuestos.
Cada vez hay más cámaras empresarias que les piden tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales que enfaticen la lucha contra la evasión. Y es que entienden que, para poder bajar la carga tributaria que las afecta en sus costos, será necesario recaudar más.
La irregularidad en la economía será un tema que ganará lugar en la agenda pública durante los próximos meses. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, sabe que el recorte de gastos se está agotando como herramienta para sostener el superávit fiscal. Por eso, de ahora en más, necesitará que suban los ingresos.
Uno de los ejemplos más recientes surgió de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que presentó ante el gobierno bonaerense una propuesta para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad manufacturera.
La iniciativa contempla compensar los recursos que dejaría de percibir la provincia mediante una mayor formalización de la economía. De acuerdo con los cálculos empresarios, para reemplazar los ingresos que genera actualmente ese tributo sería necesario obtener recursos equivalentes a aproximadamente el 14% de la recaudación provincial.
La preocupación también fue planteada por otros sectores. En julio, representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y empresarios supermercadistas se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y solicitaron que se intensifique la fiscalización sobre el comercio ilegal.
Entre los sectores señalados aparecen los comercios de cercanía, que según estimaciones privadas concentran cerca de la mitad del mercado minorista argentino, además de actividades vinculadas con la venta de materiales para la construcción.
La informalidad como fuente de recursos
Los especialistas sostienen que el elevado nivel de empleo no registrado refleja la existencia de una estructura económica informal más amplia. Con niveles de trabajo no registrado estimados en torno al 33% o 34%, detrás de esa situación también existirían circuitos de facturación marginal y mecanismos de contabilidad fuera del sistema formal.
La problemática ya había sido planteada públicamente por empresarios. En octubre de 2025, durante el Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, Nicolás Braun, gerente general de La Anónima, había destacado el esfuerzo realizado para reducir el gasto público, pero cuestionó que ese proceso todavía no se hubiera traducido en una reducción significativa de los impuestos.
Braun había reclamado entonces una acción más contundente contra la evasión y estimó que podrían existir recursos equivalentes a varios puntos del PBI vinculados con ese fenómeno.
Una reducción, incluso parcial, de la evasión del IVA podría generar ingresos adicionales para el Estado. El reclamo cobra relevancia en un contexto en el que la recaudación enfrenta mayores dificultades y el crecimiento de la actividad económica no alcanzó las expectativas que tenía inicialmente el Gobierno.
Además, durante lo que resta del año, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso una propuesta de reforma tributaria, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Solo una parte del ajuste permitió bajar impuestos
Un informe elaborado por Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), pone en perspectiva el proceso de ajuste realizado desde 2023.
Según el estudio, el peso del gasto público consolidado sobre la economía cayó aproximadamente 7 puntos del PBI. Se trata de una reducción de una magnitud considerable y realizada en un período relativamente corto.
Sin embargo, alrededor de dos tercios de esa reducción tuvieron como destino la eliminación del déficit fiscal, mientras que el tercio restante permitió compensar la menor recaudación provocada por modificaciones tributarias y cambios en las bases imponibles.
Para Argañaraz, continuar reduciendo el peso del gasto público para financiar nuevas rebajas impositivas representa un desafío social cada vez mayor. Por ese motivo, adquiere mayor importancia ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización de actividades que actualmente permanecen fuera del sistema.
El economista también considera que la discusión no debería limitarse a una reforma tributaria. También será necesario debatir cómo se distribuyen los recursos entre Nación, provincias y municipios y qué modelo de distribución se busca implementar.
Impuestos: el componente que menos aumentó
Desde la llegada de Milei al Gobierno, la estructura de costos de la industria argentina experimentó importantes cambios en términos de precios relativos.
De acuerdo con el análisis de Argañaraz, los costos industriales aumentaron alrededor de un 30%. Dentro de ese incremento, los impuestos tuvieron una variación cercana al 3%, similar a la registrada por la energía.
En cambio, las maquinarias y las materias primas industriales redujeron su precio relativo aproximadamente un 25% desde fines de 2023. Los mayores incrementos se concentraron en servicios como transporte, publicidad, mantenimiento y alquileres, además de los costos laborales.
Las remuneraciones y las cargas asociadas al trabajo también tuvieron una suba significativa en términos relativos.
En este contexto, una eventual reducción de impuestos nacionales tendría un efecto limitado sobre la estructura de costos de la industria. La mayor presión, según el análisis, está vinculada con tributos provinciales como Ingresos Brutos, tasas municipales y, a nivel nacional, el impuesto que grava los movimientos en cuentas bancarias.
El Gobierno asumió ante el FMI el compromiso de presentar una reforma tributaria durante este año y uno de los objetivos planteados es eliminar el impuesto al Cheque. Sin embargo, el margen para avanzar con una reducción impositiva más profunda aparece limitado por la evolución de las cuentas públicas y la caída de la recaudación.
Frente a este escenario, el Ejecutivo enfrenta dos alternativas principales: profundizar el combate contra la evasión y la informalidad, una medida reclamada por buena parte del sector empresario, o avanzar en la reducción del denominado gasto tributario, es decir, revisar beneficios y tratamientos impositivos que actualmente permiten que determinados sectores o actividades no tributen.
