La CE anunció que comenzó este viernes las consultas al respecto con los países de la UE y los expertos de la Plataforma de Finanzas Sostenibles.
Bruselas pretende aprobar el acto delegado este enero tras consultar con los gobiernos europeos y los expertos, pero, para que entre en vigor, la propuesta tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.
“Teniendo en cuenta el asesoramiento científico y el actual progreso tecnológico, así como los diferentes retos hacia la transición entre los Estados miembros, la Comisión considera que existe un papel para el gas natural y la nuclear como medio para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las renovables”, dijo el Ejecutivo comunitario.
El Ejecutivo comunitario ha ido retrasando la propuesta en las últimas semanas y no fue hasta mediados de la semana pasada, en su última reunión previa al receso navideño, cuando mantuvo un debate sobre la llamada “taxonomía”.
En su propuesta, la Comisión propuso que reciban la etiqueta verde las inversiones en las centrales nucleares que posean el permiso de construcción antes de 2045 y que también se considere sostenible al gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones en 2035.
Los Estados miembros están divididos sobre el papel que deben tener estas dos fuentes de energía en la transición hacia la neutralidad climática que Bruselas quiere alcanzar en 2050.
Francia lidera el grupo de países que quieren que la energía nuclear se considere sostenible, mientras que Alemania se opone a ello, aunque Berlín sí es favorable a que las inversiones en gas natural reciban la etiqueta verde durante la transición.
España, sin embargo, se opone a que las inversiones en cualquiera de las dos fuentes en liza sean calificadas como inversiones sostenibles.
Los Estados miembros y los expertos de la Plataforma de Finanzas Sostenibles tendrán hasta el 12 de enero para enviar sus contribuciones a Bruselas.
Después, el texto deberá aprobarse por mayoría simple en la Eurocámara y por mayoría cualificada en el Consejo, es decir, que lo aprueben al menos 20 países de la UE y que representen al 65 % de la población de la UE.
